Un nuevo conflicto se avecina tras la protocolización de las modificaciones aplicadas al estatuto de la Asociación Nacional Republicana (ANR) durante la asamblea extraordinaria de marzo organizada por la Coordinadora de Convencionales Unidos, no reconocida por la cúpula colorada.
El apoderado del Partido Colorado, Eduardo González, sostuvo que el presidente Pedro Alliana considera inválida la convención y que, por tanto, no daría trámite al documento.
El procedimiento para que quede firme una modificación estatutaria es que, tras ser presentado a la Junta de Gobierno el documento, este debe ser firmado por el presidente, como representante de la institución, y enviado al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para su inscripción. Sin embargo, González indicó que Alliana no tiene por qué comunicar nada, ya que la protocolización no cumple con las exigencias de la norma. Apuntó que si es que los convencionales presentaron la protocolización ante el Juzgado, no tendrá validez porque no tienen legitimación.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Tribunal Electoral Partidario (TEP), Rubén Rolón, explicó que Alliana tiene dos opciones ante la presentación de la protocolización, una, aceptar la modificación y solicitar que se inscriba ante el TSJE, y dos, designar a los apoderados o a un abogado para que accione en contra.
“Estamos listos para responder los agravios”, expresó por su parte el convencional de la seccional 4 de Fernando de la Mora, Jorge Miranda Del Río, de la Coordinadora de Convencionales Unidos, quien señaló que todo se trata de una mala intención del cartismo, que está “desafiando a 650 convencionales”.
Aseguró que el encuentro se constituyó de forma correcta en una convención y que solo otra convención puede borrar lo resuelto. Incluso, amenazó con solicitar un balance al partido sobre todos los gastos e ingresos de las cuotas de los afiliados para saber el destino de los fondos.
Durante aquel acto, se decidió establecer una antigüedad de al menos 10 años en el Partido Colorado, como requisito para ser candidato a presidente de la República, presidente de la Junta y senador. Para los candidatos a intendentes, concejales, diputados y miembros del Parlasur, se impuso 5 años.
Todo estuvo apoyado por el movimiento Colorado Añetete y el propio jefe de Estado, Mario Abdo Benítez. Mientras que el cartismo alegó que hubo varias irregularidades. En 2011, este sector había logrado reducir la antigüedad a un solo año, para que Horacio Cartes pueda ser candidato.
González recordó que las faltas cometidas por los organizadores para invalidar la convención fue que el TEP no haya participado, no fue abierta por el presidente o vicepresidente, no alcanzaron el cuórum y no se verificó si los participantes eran convencionales titulares o suplentes.