Los casos de abuso que han tenido por escenario un exclusivo colegio privado de Lambaré y que involucran a personas menores de edad, como víctimas y victimarios, expusieron demasiados asuntos sin atender, una preocupante desidia, falta de compromiso de la entidad con sus educandos y una peligrosa fragilidad institucional del país. Comenzando con la endeble supervisión por parte del Estado del ámbito educativo, según se pudo comprobar con datos como el que el colegio no contaba con un sicólogo, que los padres tenían vedado ingresar, que se cometieron omisiones a la hora de aplicar un protocolo de actuación al denunciarse el primer caso y, lo más grave, que las propias responsables de la casa de estudios trataron de ocultar el hecho guardando evidencias y negando el hecho. Cuando los involucrados son niños y adolescentes y existe una brecha grande entre la edad de unos y otros, es natural que las personas sientan todo el desprecio y sed de linchamiento público de los perpetradores del abuso. Pero lo que no es normal es que desde los medios de comunicación y las autoridades intervinientes se pierda de vista que tanto víctima como victimarios son menores de edad y que, como tales, tienen derechos que buscan protegerlos, salvaguardar su interés superior como seres humanos en desarrollos.
El común e insistente reclamo de que se identifique a las víctimas como a sus victimarios fue impresionante. Se repitió el lunes con la supuesta amenaza de tiroteo en un colegio capitalino.
No están incorporados los derechos humanos en la conciencia colectiva, menos aún, cuando los protagonistas pertenecen a una población vulnerable, como los niños y adolescentes.
“Si la víctima fuera tu hijo, actuarías igual”, dicen, y es comprensible, al igual que el reclamo de que sean juzgados como adultos ante la gravedad del hecho.
Nadie, en su sano juicio, querría que su hijo sufra alguna agresión, del tipo que fuere. Y menos aún, sentirse tan desamparado en caso de que sucediera. Tampoco quiere que los hijos se conviertan en abusadores o criminales. Por eso, la solución no pasa solo por penalizar las conductas. El debate que debe seguir es qué hacer para que en el país exista un programa de reeducación para chicos que, por su edad, son inimputables, y crear la institución que lo ponga en marcha, mida los resultados y trabaje con la comunidad.
Es necesario pensar también cómo prever una asistencia integral desde el Estado a las víctimas de abuso y a sus familiares. Además de establecer que los abusadores se vean obligados a pagar una indemnización a las víctimas, como ocurre en otros países, independientemente de ser juzgados en lo penal. El daño causado no termina con enviar a la cárcel al responsable del hecho. Para la víctima significa un alto costo en tratamientos y terapias. Si los victimarios son menores de edad, sus padres o encargados deben asumir esta responsabilidad.
La inimputabilidad hasta los 14 años no debería significar desentenderse del problema y dejarlo solo en manos de los adultos responsables de esos niños con serios transtornos. La violencia como respuesta a la violencia no apunta a las causas del problema ni termina con esta. Falta racionalidad, prevención, empatía y miradas más profundas y amplias. Los colegios no pueden funcionar a puertas cerradas y a espaldas de las familias. Deben involucrar más a los padres. La sociedad globalizada, tecnologizada, deshumanizada, altamente sexualizada, exitista y del “sálvese quien pueda” exige que sea así.
Todos precisamos un aprendizaje permanente, particularmente padres, educadores y medios de comunicación. Tenemos que conocer los derechos de los niños, identificar los desafíos y las mejores prácticas para educarlos, y generarles ambientes amigables y seguros. Como familias y educadores, reflexionar sobre qué se está haciendo al respecto y cómo colaborar entre todos para ser mejores en cada rol.
