El Tribunal integrado por los jueces Julio Alfonso, Porfirio Martínez y Víctor Hugo Ortigoza señaló que no hubo intención de matar.
Mientras que el fiscal de la causa, Martín Escalada, quien solicitó 22 años como pena contra el acusado, alega que sí hubo intención de matar, por lo que apelará el fallo y pedirá anulación de la sentencia.
El agente mencionó que la Fiscalía había explicado suficientemente el alegato final, sosteniendo la acusación formulada en su momento de que se trataba de una tentativa de homicidio doloso.
Agregó que se probó en juicio el dolo de matar, “ese es el punto de inflexión donde el Tribunal no coincide con la postura de la Fiscalía y dice que no hubo dolo de matar”, detalló el fiscal.
Acotó que el Tribunal menciona que Morales no tenía en ningún momento la intención de acabar con la vida del ex capataz de la estancia; sin embargo, efectuó varios disparos, uno le hirió de refilón en la frente a la víctima.
Sobre el hecho de coacción grave, el Tribunal dictó una condena de 2 años con suspensión a prueba. Además, impuso la donación de G 10 millones al Hogar de Ancianos de Villarrica, y otros G 20 millones al Centro de Control de Adicciones El Camino, que Papo Morales deberá cumplir.
Papo también deberá someterse a un tratamiento de recuperación por dos años, respecto a su adicción a la cocaína.
El 22 de junio del 2018, a orillas del Río Tebicuarymí, en la compañía Potrero, de Borja, Guairá, Morales habría utilizado un arma con la cual presuntamente amenazó a Talavera, apuntándole a la cabeza e incluso le habría disparado. La víctima era el capataz de la madre del acusado. Todo fue filmado en un vídeo, el cual fue excluido como elemento probatorio.