EFE
De esta manera, han logrado romper por primera vez el silencio impuesto por el Gobierno chileno, que decretó que los archivos debían mantenerse en secreto hasta 2054.
Las quince carpetas forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, el organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas y torturadas por razones políticas.
En dichos documentos hay fotografías, recortes de prensa y fichas de las víctimas, además de la transcripción de sus testimonios, en los que aparecen los nombres y las descripciones de sus captores y torturadores.
“Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad”, dijo a Efe Scarlett Mathieu, una de las expresas políticas de la dictadura que el pasado jueves recuperó la carpeta vinculada con su caso.
Mathieu, que después del golpe de Estado perteneció a la red periférica de apoyo al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), fue detenida en 1974 y torturada durante ocho meses. En 2003 nombró ante la Comisión Valech a los agentes que la torturaron durante su cautiverio.
“Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo solo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”, explicó.
Los testimonios, documentos y antecedentes aportados a la Comisión Valech debían permanecer en secreto “por un plazo de 50 años”, según estableció la ley 19.992, conocida como Ley Valech, que también establece la entrega de pensiones de reparación para las víctimas de la dictadura.
Según adujo el entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006), quien promulgó la ley, el objetivo de la medida es “proteger la dignidad de las víctimas” que no querían que sus familias supieran de las torturas que sufrieron durante la dictadura.
Hasta el momento, el acceso a esta valiosa información no solo estaba vetado a la ciudadanía, sino también a los jueces, que no podían conocer los antecedentes sobre los casos de represión.
Distintas asociaciones de derechos humanos llevan años pidiendo levantar el secreto. La actual presidenta, Michelle Bachelet, prometió durante la campaña electoral que estudiaría este asunto; sin embargo, ha sido la iniciativa de un artista visual chileno la que ha permitido quebrar el secreto.
“Desclasificación Popular” es la campaña artístico-política de Francisco “Papas Fritas”, un transgresor artista que junto a un equipo de periodistas y abogados ha encontrado la forma legal de forzar al Estado chileno a entregar a las víctimas la transcripción de sus declaraciones, además de otros documentos relacionados con sus casos.
“Nos hemos encontrado con todas las trabas, pero lo hemos conseguido. Es posible desclasificar los documentos. Estamos emocionados”, dijo “Papas Fritas” a Efe.
Actualmente, hay otras 50 víctimas que están siendo asesoradas por el equipo de la campaña y que han solicitado la entrega de sus declaraciones. El artista espera que sean “más los que se atrevan a hacerlo”.
El objetivo de “Papas Fritas” es crear un grupo de trabajo que lea estos testimonios y “establezca distintas correlaciones entre los torturadores”.
Dicha información será publicada en la página web de la iniciativa, www.desclasificacionpopular.cl, donde, a partir del próximo 15 de diciembre se podrán consultar las declaraciones de las víctimas que de forma anónima deseen dar a conocer la identidad de sus torturadores.
“Este será el inicio de la desclasificación popular”, concluye el artista.
Júlia Talarn Rabascall
