MENOS RECURSOS PARA EL BCP Y PARA BONOS. Las escaramuzas electorales están poniendo en gran aprieto al Presupuesto General de la Nación (PGN). Han hecho de él pelota tata. Mientras unos pretenden desde el presupuesto público atar de manos al presidente del Banco Central para influir en la coyuntura monetaria, ya sea aumentando billetes y monedas en circulación como disminuyéndolos, otros rechazan esta pretensión y hacen de ella un motivo para vetarlo. Mientras unos más restan sustancialmente recursos presupuestarios relacionados con bonos externos, otros lo rechazan agregando un motivo más para vetarlo. Además, se proponen desde el Senado aumentos significativos de remuneración a determinados segmentos poblacionales, mientras el Ejecutivo los rechaza aduciendo que no hay fondos para más aumentos salariales.
MALA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. Por otro lado, llama la atención que el Congreso no trate otros temas de efectos negativos, en los que está involucrado. La matriz salarial consolida remuneraciones siderales a funcionarios en altos cargos públicos, sin diferenciarlos debidamente. Varios de ellos no han accedido a los mismos por meritocracia, sino por favores políticos. Como si fuera poco, los legisladores, con la oposición de una selecta minoría de ellos, siguen autoadjudicándose remuneraciones extraordinarias que el país no puede darse el lujo de pagarlas.
DISMINUYE LA AYUDA SOCIAL. Al final, pero no por eso menos importante, con el veto total, que el Ejecutivo ha impuesto al PGN, y con la sanción de los diputados al mismo, permanece en vigencia en 2017 el de 2016. Con eso, desaparecen los rubros destinados a más ayuda social, que el Gobierno había propuesto en su proyecto de PGN. Los pobres y las políticas sociales correspondientes quedan entonces con menos fondos que los previstos para el Año Nuevo. Unos y otros hacen del presupuesto público una gigantesca bola de fuego, lanzándosela unos a otros.
REELECCIÓN INCONSTITUCIONAL. Forzar el cauce legal, echando mano a la enmienda, modificando la Constitución Nacional de 1992 con un plebiscito, como pretenden algunos candidatos, ex presidentes y el actual, que también aspira a un nuevo mandato, es violarla abiertamente con recursos seudoconstitucionales. Está claro que uno puede ser partidario de la incorporación de la reelección en el cargo de presidente de la República por uno o dos periodos más, pero la actual Carta Magna establece claramente que eso es viable solo modificándola vía reforma de la Constitución, la cual es posible solamente convocando a tal efecto una Asamblea Nacional Constituyente, en la que se articulen mayorías en favor de la figura de la reelección.
INTENTO DESESTABILIZADOR. Así como están las cosas y dada la difusión pública, no solo a nivel local sino también internacional, que se viene realizando de ambos hechos –el veto total al PGN y la enmienda para modificar vía plebiscito la Constitución Nacional–, los sectores en pugna electoral están haciendo flaco favor a la imagen de la República, al desarrollo sostenible en este país y a las políticas públicas necesarias para alcanzarlo. La incertidumbre, que ya se ha instalado en Paraguay en materia de presupuesto público y de observancia a la Constitución Nacional, puede desestabilizar también las instituciones de la República.
MANTENER EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE. Solo queda ya esperar que al final se calmen los ánimos y prevalezca el Estado de derecho, vale decir la vigencia de la Constitución Nacional y de las leyes de la República en democracia, definida en el sentido occidental del término. Calibración, sensatez y conocimiento técnico son virtudes escasas en estos tiempos convulsionados. Vale la pena bregar por ellas.
