El país suramericano encabeza por tercer año consecutivo el “Índice de Inclusión Social” que elabora anualmente el Consejo de las Américas en colaboración con el Departamento de Estado de EE.UU., y que pone nota a 15 naciones en función de 23 variables, entre ellas la inclusión financiera y el respeto a distintos derechos.
“Tenemos mucho más que hacer para afrontar la discriminación de género, racial y étnica que aún existe en la región, y también en este país (EE.UU.)”, dijo hoy la secretaria adjunta de Estado para Latinoamérica de EE.UU., Mari Carmen Aponte, en el acto de presentación del informe.
La quinta edición del estudio vuelve a situar a Uruguay a la cabeza del índice, con una puntuación de 86,80 sobre 100, porque, según el documento, ese país “simplemente hace un mejor trabajo que sus vecinos en proteger a sus civiles sin importar su género, orientación sexual o raza”.
Una de las variables clave es la proporción del producto interior bruto (PIB) invertido en programas sociales, que en el caso de Uruguay es del 10,47 %, aunque también se tienen en cuenta la tasa de inscripción en la escuela secundaria y los derechos civiles, políticos, los de la mujer y la inclusión de las etnias y razas.
También se valora la tolerancia con la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales), la tasa de alfabetismo, el grado de participación ciudadana por raza y género, el porcentaje de ciudadanos que viven con más de 4 dólares al día, el acceso a una vivienda adecuada y a un empleo formal, entre otros factores.
El segundo país en ese sistema de clasificación es Brasil, con una puntuación de 82,57 sobre 100, seguido de Chile (80,95), Ecuador (79,88), Costa Rica (79,18), Argentina (78,38), Colombia (75,53), Bolivia (74,91), Paraguay (70,52) y Perú (70,06).
En la cola de la lista quedan México (68,89), El Salvador (67,57), Nicaragua (64,75), Honduras (63,21) y Guatemala (59,98), que reemplaza en la última posición a Honduras, país que obtuvo la peor puntuación el año pasado.
El índice excluye a Panamá y a Estados Unidos por asegurar que “faltan datos para algunas variables”, además de a Venezuela, que “históricamente ha estado excluida del índice por dudas sobre la calidad” de la información relativa a ese país, según el documento.
El informe recomienda a El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay mejorar su puntuación en cuanto a los derechos de la mujer “por medio de la legalización de los derechos reproductivos”, al recordar que la prohibición del aborto no impide que se practique de forma clandestina, lo que entraña muchos riesgos.
También sugiere a Guatemala, Honduras y Paraguay legalizar las uniones civiles y el matrimonio entre personas del mismo sexo, y aconseja a esos dos primeros países y a Nicaragua proteger mejor los derechos políticos y civiles mediante “la introducción de mecanismos de rendición de cuentas para los funcionarios públicos”.
Aponte, la funcionaria EE.UU. que participó en la presentación, aseguró que su Gobierno habla regularmente con el resto de la región sobre “los derechos de las personas LGBT” y a veces la conversación se torna “incómoda”, y destacó la necesidad de “romper las barreras económicas que afrontan las mujeres en todo el continente”.
