El esquema de degradación sexual aplicado en los centros de detención mixtos –donde conviven hombres y mujeres– es tan escandaloso como inaceptable.
El hecho de que mujeres privadas de su libertad deban recurrir como única alternativa a la prostitución, para acceder a un mínimo nivel de bienestar (conseguir comida, jabones, toallas o champú) dentro de la penitenciaría, representa el fracaso del Estado.
Es inaceptable la existencia de cárceles mixtas, donde los acercamientos no son difíciles, pues solo existen frágiles vallados de tejido metálico o estrechos pasillos que separan los pabellones masculino y femenino.
De acuerdo con los informes presentados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), los encuentros normalmente se dan en los cuartos de visitas íntimas y hay casos en que los baños son utilizados para este fin.
El documento del Mecanismo relata que en una ocasión una funcionaria llegó a recibir G. 500.000 por facilitar una noche íntima entre una reclusa y otro funcionario.
Y en la cárcel de San Pedro hay una mujer embarazada de 4 meses, que está hace 9 meses en la penitenciaría. Lo curioso de este caso es que ella no recibió una sola visita en esos 9 meses. Entonces, la pregunta inquietante es: ¿cómo se embarazó?
La Constitución Nacional establece muy claramente en su artículo 20 que: “Las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexos”.
Sin embargo, solo el Buen Pastor, en Asunción, y Juana de Lara, en Ciudad del Este, son exclusivamente para mujeres. En el resto de las cárceles del país las mujeres deben compartir su reclusión con los hombres.
Sumado a esto, la denuncia relata que existen tortura y malos tratos del personal penitenciario hacia las personas privadas de libertad, lo cual no puede ser tolerado.
Asimismo, se debe insistir en la responsabilidad del Estado en cumplir con su función de garantizar la integridad de las personas privadas de libertad. Las mismas deben poder vivir en condiciones dignas. Para esto, uno de los requisitos indispensables es la división bien definida de los sectores entre varones y mujeres. De esta manera se podrá evitar la extrema condición de vulnerabilidad a la que están sometidas actualmente las mujeres. Además, ya no se puede tolerar que las reclusas subsistan hacinadas y duerman en el piso.
En las cárceles el Estado se debe poder garantizar el acceso a los cuidados de la salud y una adecuada alimentación, ambos derechos fundamentales. El Ministerio de Justicia, por su parte, está obligado a hacer esto realidad en todos los casos y a ampliar los programas de capacitación para las internas, implementando talleres de trabajo que permitan a las mujeres contar con ingresos, pues es bien conocido que ellas son jefas de familia, y su permanencia en la penitenciaría les demanda gastos hasta para su subsistencia.
Es inaceptable que se sigan violando los derechos de las reclusas en las cárceles paraguayas. El Ministerio de Justicia debe dar respuestas contundentes a la aterradora denuncia que se recoge en los informes del Mecanismo de Prevención de la Tortura. Ya no es tiempo de discursos ni excusas. Las autoridades deben actuar inmediatamente.
