Lo que inicialmente se buscaba presentar como un gran gesto humanitario, cuando el presidente de la República, Horacio Cartes, indultó el pasado viernes a 16 personas (10 mujeres y 6 varones) recluidas en diferentes penitenciarías del país, respondiendo a un pedido del propio papa Francisco en el marco del Jubileo de los Reclusos, acabó en un bochornoso escándalo cuando se descubrió que uno de los indultados tenía además un proceso por abuso sexual en niños y tuvo que ser traído de vuelta a la cárcel, luego de 4 días de disfrutar de su libertad.
Como mínimo, se cometió una grave negligencia cuando se incluyó en la lista de los indultados al reo Isabelino Franco Benítez, quien estaba preso en el Penal Juan Antonio de la Vega, en la ciudad de Emboscada, cumpliendo ya más de 3 años de su condena de 5 años por tentativa de homicidio, pero en los registros del sistema carcelario no apareció el dato de que además estaba procesado por supuestamente haber abusado de una niña menor, su propio pariente, desde que ella tenía 5 años de edad, lo cual representaba un impedimento para que pueda ser favorecido con la gracia del indulto.
El escándalo que causó esta situación le costó el cargo al director del Penal de Emboscada, Sergio Ruiz Díaz, a quien se considera como el principal responsable de haber incluido en forma inapropiada a Franco Benítez en la lista de los candidatos para el indulto presidencial, y de haber asegurado en su informe que el reo tenía condena firme por tentativa de homicidio, y que no poseía ninguna otra causa penal, lo cual resultó falso. Lo llamativo es que, a pesar de contar con una orden de prisión dictada por el juez Atilio Rodríguez Britos, por el caso de presunto abuso sexual en niños, dicho dato no aparecía en el Sistema de Gestión Jurisdiccional (Judisof).
Lo ocurrido revela el estado de gran precariedad en que se siguen manejando los registros del sistema carcelario. La negligencia afecta directamente a una tarea interinstitucional en la que están involucradas con responsabilidad compartida el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Pastoral Penitenciaria y otras, como la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y Ejecución Penal.
Todas estas instituciones aparecen salpicadas por este bochornoso caso, que envuelve en un papelón internacional al propio presidente de la República.
Ante lo sucedido, es urgente que las autoridades dispongan una minuciosa revisión, corrección y actualización de todos los registros del sistema carcelario, no solamente para evitar que el país vuelva a ser expuesto a otra situación de bochorno internacional, sino principalmente para proteger los derechos de muchas personas expuestas ante la negligencia administrativa y judicial.
