Empieza hoy la etapa final de los alegatos en la causa de la masacre en Curuguaty, en medio de un proceso contaminado, manipulado y mentido como no conoce la historia jurídica en el país desde el inicio de la transición.
La sentencia, como en una final anticipada, está tácitamente escrita desde que se produjo la matanza, aquella media mañana del 15 de junio de 2012. Un día que marcó el inicio de un juicio político –un golpe parlamentario– que tumbó un gobierno constitucional y entronizó en el poder a lo más oscuro y siniestro del oportunismo y los parapoderes en el país.
Cinco abogados alegarán, desde temprano, en defensa de los 11 procesados. Una exposición en donde los detalles fácticos, la lógica jurídica y la dialéctica del discurso no harán otra cosa más que explicar lo mismo que la opinión pública ya sabe: en el caso Curuguaty no hay modo ni medio –si fuera un juicio justo– para que los campesinos presos reciban alguna condena. No hay pruebas.
Sin embargo, a juzgar por cómo actúa el Ministerio Público desde el principio, con Jalil Rachid antes y ahora con Liliana Zayas y Nelson Ruiz, el accionar del juzgado no distará mucho de esa línea, que pese a haber faltado al debido proceso y cometido una serie de irregularidades que invalidan la causa, dictará sentencia y condenará a cárcel a los procesados. Todos inocentes, porque en la práctica no es demostrable su culpabilidad.
Rubén Villalba es contra quien la tienen jurada. Eso lo evidenció Rachid y le hizo el coro el entonces vicepresidente venido a presidente espurio, Federico Franco, cuando ambos lo calificaron de asesino, como mínimo. El segundo en saga es Luis Olmedo. Según la Fiscalía, ellos son quienes abrieron fuego contra los policías. Los demás que podrían recibir condena diferenciadas son Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo, Dolores López, Alcides Ramírez y Juan Tillería. Algunas conmutaciones también podrían haber para aligerar el castigo.
El caso de seguro llegará a tribunales internacionales, por falta de justicia en Paraguay. Y el Estado –nosotros– pagaremos por la perversión y negligencia del sistema judicial.
Por lo demás, solo un rayo de independencia y racionalidad haría que los jueces los absuelvan a todos –como debería ser– en justicia.
El caso Curuguaty constituye así la peor muestra de la manipulación política y judicial en contra de un grupo de campesinos sintierra que, en un legítimo reclamo, en tierras del Estado usurpadas por privados, fueron masacrados por el poder público y usados como chivo expiatorio para tumbar un gobierno.
