El fiscal Federico Delgado decidió hacer esta solicitud luego de una denuncia presentada contra Peña ante la Cámara Federal por la abogada Valeria Laura Carreras, el pasado 17 de agosto.
El miembro del Ministerio Público solicita a la Justicia Federal que se determine si es delito el uso de datos de la Administración “para difundir políticas del Poder Ejecutivo”, por lo cual solicitó una serie de medidas de pruebas.
A finales de julio, el Gobierno y sectores de la oposición polemizaron sobre la firma de un convenio entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Secretaría de Comunicación Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que le permitirá a esa última acceder y usar la base de datos de los ciudadanos inscritos en la seguridad social.
El Ejecutivo reiteró que la decisión de firmar el convenio se debe a la intención del Gobierno de “mejorar la capacidad del Estado de poder comunicarse de forma directa con los ciudadanos”.
Carreras, que remarcó en su denuncia que esos datos son de carácter “no público” y por ende “sensibles”, presentó además una acción de amparo en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar el flujo de información entre las entidades.
Para la letrada, a raíz del convenio marco para el traspaso de datos de Anses a la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros “se estaría violando el deber de seguridad inherente a su función específica”.
Peña declaró el pasado 28 de julio que el uso que el Gobierno hará de esos datos es “absolutamente transparente y legal” y afirmó que existe un protocolo del Anses de 2014 sobre “cómo se deben ceder los datos de contacto, no sensibles, a otras áreas del Estado”, por lo que destacó que el nuevo acuerdo está basado en esa normativa y en la ley de datos personales.
Esta situación ya provocó que diputados del kirchnerista Frente para la Victoria (FPV) denunciaran al jefe de Gabinete por la firma del convenio, al acusarlo de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, aunque esa denuncia fue posteriormente desestimada por otro miembro del Ministerio Público Fiscal.
