A lo largo de casi 30 años de una democracia yrei, sin contenido sustancial para que la República funcione de acuerdo a la razón y las leyes, los partidos políticos con diputados y senadores en el Parlamento siguen abusando del poder que les fue otorgado en las urnas.
Tal como actúa la mayoría de los legisladores, ellos no están necesariamente para enderezar lo torcido, sino para torcer aun lo que tiene al menos apariencia de estar derecho.
El patrón de comportamiento de los legisladores ha enseñado que hay que desconfiar de los pasos dados en dirección correcta por ellos. A veces es solo el capítulo previo para volver a las andadas. Avanzan dos metros para retroceder siete.
La Ley de Financiamiento Político es una prueba de que si los parlamentarios constatan que sus intereses corren peligro, son capaces de volver a reproducir modelos repudiados que ya parecían desdibujarse en el horizonte.
No les importa lo que la opinión pública piense. Las censuras de su conducta son irrelevantes cuando ellos han determinado preservar, a cualquier costo, su coto de caza.
La primera ley que establecía algunas reglas de juego para el manejo del dinero por parte de los grupos políticos no fue un progreso singular en el mar de descontrol que había.
Su aspecto más gravitante fue que los que debían recibir el subsidio —dinero de la ciudadanía que los políticos se autoentregan después de cada comicio— tenían que informar previamente a los organismos competentes del Estado en qué y cómo habían gastado el dinero que el Ministerio de Hacienda les había desembolsado en concepto de aporte del Estado.
Como los políticos quieren controlar a todos, pero no que se les controle a ellos, prepararon su golpe para poner la palanca en reversa.
Eso fue lo que hicieron en medio de la furia lluviosa y tormentosa de El Niño, el tufo poselectoral de las municipales y la fiebre artificial por el pan dulce de fin de año.
Como los senadores y diputados carecen de respeto alguno por quienes abogan por un país más decente y transparente en el uso del dinero de los impuestos, reincidieron en su vieja manía de borrar con el codo lo que escribieron con la mano.
Fue así que la nueva Ley de Financiamiento Político fue urdida para obligar a Hacienda a que en los tres meses posteriores a los comicios pague a las agrupaciones políticas... sin que medie el requisito de presentar todas las facturas de uso de los fondos en regla.
Así, el intento de transparencia, que tuvo un efímero reinado de tres años, vuelve a las tinieblas. Lo que alguna vez fue oscuro, vuelve a ser oscuro. Los partidos recuperan el libre usufructo de las sombras.
La ley tendría que llamarse de Financiamiento a Políticos sin Vergüenza.