Según el comparativo de la planilla de sueldos publicados a través de la Ley de Transparencia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aumentó hasta 175% el salario de algunos funcionarios contratados, en contra de lo que establece el reglamento de la ley de presupuesto vigente en el 2016.
El reglamento presupuestario de la Ley 5554 de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2016 deja bien claro que cuando se trata de renovación de contrato en el mismo objeto de gasto, se podrá disponer de un incremento máximo de hasta el 10% del monto contractual percibido en el ejercicio fiscal 2015.
En el caso de los aumentos concedidos en el TSJE, todos son “auxiliares administrativos” y en el mismo objeto de gastos: 144 de categoría de jornales. Sin embargo, la administración ignoró la normativa establecida y aplicó incrementos con una variación de hasta 175%.
Según explicaron en Hacienda, todos los contratos de las instituciones públicas se renuevan en enero de cada año y se establece el reglamento correspondiente.
Superpoblación y Aumento. Al TSJE el reglamento presupuestario no parece importarle mucho y a la superpoblación de 2.500 contratados que mantiene en la institución, agregan jugosos aumentos a algunos elegidos.
Los montos incrementados llegan a G. 2 millones al mes.
La variación total de los incrementos salariales de los 300 contratados significa también un aumento de gastos equivalentes a G. 213.169.000 más por mes a la Justicia Electoral, es decir, a los contribuyentes del país.
Según se pudo constatar, en su mayoría son funcionarios sin título universitario, entre ellos familiares de empleados permanentes de la institución, allegados a ministros, parientes de políticos, etc. Todos coinciden en la función de “auxiliar”.
La semana pasada en las noticias se evidenciaba la ociosidad de los funcionarios contratados de la Justicia Electoral; sin embargo, la administración a cargo de Jaime Bestard sorprende esta vez con aumentos salariales.
Bestard optó por mantener a los ociosos. Los mismos recibieron instrucciones para trabajar en elecciones de organizaciones intermedias (clubes, sindicatos, cooperativas, etc.) y sobre voto accesible.
Es la forma de justificar su abultado presupuesto anual y no dimitir a ninguno de ellos. Sin embargo, además de no racionalizar recursos, ahora deciden el aumento de salarios.
Entre los beneficiados con incrementos figuran funcionarios que todavía no alcanzaron el año de antigüedad.
De confianza. Ahora, Bestard tiene al ex fiscal Olindo López -su mano derecha- como ordenador de gastos, en reemplazo de la ex administradora Liliana Gneiting, a quien hoy denuncia ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades.
López es a la vez parte del entorno familiar de Bestard, ya que es concuñado de su hermano Sergio Bestard, casado con la hermana del nuevo administrador.
Cabe señalar que por lo alegado en la denuncia presentada por los tres ministros, Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, contra Gneiting, el administrador tiene elevada responsabilidad, ya que según mencionaron por resolución se le delega todas “las facultades y las responsabilidades inherentes al cargo”.
Jaime Bestard y Olindo López, como su ejecutor, son responsables de los nuevos incrementos a los contratados, que va contra el reglamento presupuestario.
