EFE
“El Departamento de Justicia continuará defendiendo vigorosamente el poder y el deber del Ejecutivo para proteger a la gente de este país del peligro y buscará la revisión de este caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos”, anunció Sessions en un breve comunicado.
La decisión del Gobierno llega después de que hoy el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito, con sede en Richmond (Virginia), determinara que el veto de Trump debía seguir bloqueado porque duda sobre si la medida se dirige contra la población musulmana, en consonancia con las promesas electorales que hizo Trump en 2016.
Entonces, el ahora mandatario prometió que instauraría un “bloqueo completo y total” para impedir la entrada a EE.UU. de musulmanes, con el fin de detener el terrorismo yihadista.
Los opositores al veto afirman que las declaraciones que Trump hizo durante la campaña electoral muestran que su veto migratorio va contra la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a cualquier individuo de la discriminación por motivos religiosos.
Sin embargo, el Gobierno volvió hoy a defender que Trump actuó dentro de la competencia que le otorga la Constitución para emitir, como hizo el pasado 6 de marzo, un decreto para prohibir durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.
“La orden ejecutiva del presidente Trump entra dentro de su autoridad legal para mantener a la nación segura”, subrayó hoy Sessions en su comunicado.
“El presidente no está obligado a admitir a personas de países que patrocinan o protegen el terrorismo hasta que determine que pueden ser debidamente evaluados y que no representan un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos”, añadió Sessions.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE.UU. y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.
El recurso ante el Tribunal Supremo supone un nuevo paso en la batalla legal contra el veto migratorio de Trump, cuya primera versión fue proclamada el 27 de enero y tuvo que ser sustituida por esta segunda versión, bloqueada por la Justicia, debido a los continuos reveses judiciales.
El segundo decreto, a diferencia del anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre los refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
Un juez de Hawái también bloqueó la segunda orden ejecutiva de Trump y su legalidad se encuentra bajo estudio del Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito.
