Pepe Vargas
Amontonados en piezas que emanan todo tipo de olores indecibles, duermen en el suelo sobre húmedos colchones o mantas, descoloridos por la mugre. Un orificio en el tejado contribuye a la ventilación de la derruida habitación que en días de lluvia deja entrar ingente cantidad de agua, inundándolo todo, volviendo imposible el descanso para lo cual alquilaron ese cuarto.
En ese estado se encuentran muchas de las habitaciones de los inquilinatos clandestinos, donde sobreviven los indígenas que llegan a Asunción, en busca de ayuda, para no desaparecer en el anonimato en sus comunidades rurales.
Alquileres de esa clase pululan principalmente en la zona de la Terminal de Ómnibus, en cuyos semáforos se instalan las mujeres nativas con sus niños para recibir alguna moneda. En efecto, la limosna se convierte en principal vehículo de ingreso monetario para estas familias que se sostienen en pie gracias a la caridad.
La Dirección del Buen Vivir de los Pueblos Originarios de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) identificó al menos cuatro inquilinatos que no revisten las mínimas condiciones para albergar personas. Incluso, denunciaron la existencia de estos lugares ante la Defensoría Pública para que intervenga. “Normalmente dicen que son indígenas y ellos tienen una ley especial, entonces todos se lavan las manos y nos quedamos ahí solos”, dice Margarita Lesme, coordinadora de dicha dependencia de la SNNA. Entre 20 y 40 familias de la etnia Mbya Guaraní, procedentes del Departamento de Caaguazú, habitan esos alquileres –comenta–, pues va fluctuando la presencia de los nativos en la ciudad. El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) aparece de vez en cuando para llevarlos en camiones a sus comunidades de origen, donde la desidia del Estado sienta las bases de una expulsión silenciosa mediante la ausencia de una asistencia efectiva y ante el avance inexorable de la soja mecanizada.
Abuso. Uno de los inquilinatos está ubicado sobre la calle Yvapovô, a solo tres cuadras de la Avda. Fernando de la Mora, donde empieza la ciudad de Lambaré. Pertenece a la familia Serafini, según la versión de una vecina, cuyo propietario ya falleció. Pero, uno de sus hijos es quien les cobra el alquiler a los nativos: “Sobre una camioneta Montero” va cada sábado a requerirles G. 200.000, por lo que cada familia paga por día entre G. 5.000 y G. 10.000.
Otro hospedaje precario e irregular está situado sobre la calle Yvyra Pytã y tiene la numeración 2732. Se encuentra a la vuelta de la primera, y allí habitan alrededor de 15 familias también de la parcialidad Mbya, según indica Desiderio Esquivel, funcionario de la SNNA. Él pertenece a la etnia Ava Guaraní y comenta que en ese sitio el abordaje a las familias se torna más difícil, debido a que impera el consumo de bebidas alcohólicas y los ocupantes adultos son más renuentes a las visitas de los educadores de la Secretaría.
AGUANTADERO. El ministro Ricardo González, titular de dicha cartera de Estado, manifiesta que en varias ocasiones dieron aviso a la Defensoría Pública, ya que los devuelven a sus comunidades con el Indi, pero ellos vuelven otra vez. “Se convirtió en una especie de aguantadero que no tiene la habilitación municipal. En varias oportunidades hemos realizado las intervenciones correspondientes; hemos destinado y devueltos a muchos niños a sus comunidades, pero vuelven a instalarse”, refiere González. Metieron –dice– más de 32 denuncias al Ministerio de la Defensa Pública, tras detectar que “seudolíderes indígenas” reclutan a niños y adolescentes en sus comunidades: “Los traen a zonas urbanas y a la capital para explotarlos, ya sea para pedir monedas, para pedir insumos y alimentos; o para explotación sexual”, enumera que fueron siete casos –sobre lo último en mención– que lograron identificar en la zona del kilómetro 12, San Lorenzo.
Lesme comenta que realizan un monitoreo permanente sobre la situación de los menores nativos en situación de calle. Los vecinos de la calle Yvapovô dicen que ya se habituaron a tener indígenas como vecinos. Incluso, les tomaron cariño a quienes no andan en vicios. Pero esperan que el Estado les atienda en sus comunidades de origen.
Opiniones
“Hace tres años que ellos viven por acá"
“Los hijos del dueño vienen todos los sábados a cobrarles una cuota a los indígenas. Y les tienen de forma inhumana y les cobran alquiler. Hace tres años que ellos viven por acá, algunos trabajan en construcción y viven bien (...) En cada fiesta, en Navidad y Año Nuevo, vienen los del Indi y les llevan en camiones, como bolsas de papa. Pero después vienen otra vez”. Lidia Cantero, vecina.
“Una vez que acaban los víveres, vuelven”
“No siempre se logra hacer un trabajo articulado con las demás instituciones. Se les da mucha prioridad a los que están frente al Indi y se les deja de lado a las familias que están aquí (en la terminal). El último trabajo que se hizo fue el 21 de diciembre. El Indi facilitó movilidad y víveres para el retorno, hasta ahí. Pero, una vez que acaban los víveres, vuelven”. Margarita Lesme, de la SNNA.
“Necesitamos apoyo de las Codeni”
“Necesitamos el apoyo constante de las Codeni de Asunción y de otras ciudades. Hay lugares donde los indígenas acceden a espacios insalubres. También que las Codeni tengan servicio de atención después de las 15.00, porque la situación de vulneración amerita medidas de protección que solo pueden otorgar las Codeni, según el Código de la Niñez”. Ricardo González, titular de la SNNA.
Sin techos por las tormentas y sin chacras por fumigación
“Queremos volver a nuestra comunidad, pero necesitamos chapas para poder levantar nuestras casas, porque la última vez la tormenta destrozó todo (...) También herramientas y semillas para trabajar en la chacra”, relata Gladys Cardozo, de 37 años, quien con algunos de sus siete hijos llegó el año pasado a Asunción, procedente de la comunidad Ka’atymi, ubicada en el distrito de Repatriación, en Caaguazú.
En efecto, todas las familias que están viviendo en uno de los hospedajes irregulares provienen del mismo lugar.
Y cuentan que es más difícil la sobrevivencia en su comunidad porque el Indi no se hace presente y tampoco tienen trabajo. “Nosotros no sabemos dónde vamos a ir y si no venimos acá, no vamos a comer. Tenemos que salir nomás de la comunidad”, confiesa Gladys y dice que consiguen caramelos para que sus hijos puedan ofrecer a cambio de algunas moneditas.
Refiere que algunos –los paraguayos, como ellos dicen– les reclaman por qué vienen hasta la ciudad, en vez de quedarse en sus tierras. “Las personas no saben las necesidades que pasamos allá en la campaña”, dice y señala que hasta sus chacras donde plantan maíz y poroto están amenazadas por el avance de la soja extensiva.
“La soja agarra todo, ya casi no queda monte y a nuestros cultivos le afecta la fumigación. Los menonitas agarran todo por allá", apunta.
Esto constituye un peligro, en virtud a que los más de 200 habitantes del lugar se dedican a la pesca y a la caza de animales silvestres. “Las fumigaciones contaminan todo el agua y los cultivos”, refuerza Alberto Benítez, de 20 años, quien ya tiene una hija de un año y medio.
La comunidad Ka’atymi, de acuerdo con datos del censo 2012, pese a contar con personería jurídica, no posee registro de título de la tierra.
sin Tekoporã. Tampoco gozan, el grueso de sus habitantes, del beneficio del programa Tekoporã. “Algunos nomás recibieron, pero nosotros que estamos acá nunca recibimos nada”, manifiesta Blanca Mendoza.
Aquellos que cobran reciben hasta G. 650.000, monto que dura apenas 15 días. Pero para quienes tienen más de 7 hijos esa suma es insuficiente.