29 mar. 2024

Sin saberlo, doméstica y un albañil facturaban por millones de dólares

Un total de trece personas fueron anotadas en el RUC sin su conocimiento, como proveedoras de facturas presumiblemente falsas, por un monto de G. 1,6 billones (USD 278 millones) a 287 empresas.

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Los supuestos proveedores de facturas de contenido falso que habrían sido utilizadas por 287 empresas para disminuir el pago de impuestos al fisco son albañiles, amas de casa, empleadas domésticas, personas de escasos recursos que manifestaron no haberse inscripto nunca en el RUC y otras que consignan montos ínfimos en sus declaraciones juradas, informó ayer la viceministra de Tributación, Marta González Ayala. Fue durante una conferencia de prensa realizada en forma conjunta con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y el equipo de fiscales que encabeza esta nueva investigación, en la sede del Ministerio Público.

El caso guarda relación con el operativo denominado “Turismo del Este”, a través del cual se detectó un nuevo esquema de evasión impositiva, esta vez en Ciudad del Este (Alto Paraná), por un monto de G. 1,602 billones (USD 278,2 millones).

La evasión impositiva se habría dado entre los años 2010 hasta 2014, inclusive. Para ello, fueron inscriptos (sin su conocimiento, en muchos casos) trece contribuyentes que habrían proveído 4.607 facturas presumiblemente falsas.

El nexo encontrado por la Administración Tributaria entre los proveedores y las firmas que utilizaron sus facturas son dos contadores: Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González. Ambos fueron contadores para los proveedores y para las empresas que usaron las facturas presuntamente apócrifas.

A raíz de la denuncia de Tributación, una comitiva fiscal allanó varios locales comerciales de la capital altoparanaense.

Aunque uno de los informes proporcionados ayer por Tributación señala un monto inicial de evasión de G. 152.978 millones (USD 26,3 millones), durante la conferencia de prensa realizada ayer la viceministra estimó una evasión inicial de G. 300.000 millones (USD 50 millones, a un tipo de cambio a G. 5.000).

De acuerdo con la denuncia presentada al Ministerio Público, uno de los casos de proveedores de facturas presumiblemente falsas es de una empleada doméstica que fue inscripta como socia de una sociedad anónima, y que habría emitido facturas por G. 215.000 millones (USD 37 millones) de compras informadas en Hechauka; en tanto que en un caso similar, un albañil fue inscripto como socio de una sociedad anónima, y habría emitido facturas por valor de G. 557,6 mil millones (USD 96,1 millones).

AUDITORES. González Ayala comentó además que habría un grupo de cinco a seis auditores impositivos externos que validaron las operaciones de aproximadamente 100 de las 300 empresas investigadas en este nuevo caso.

La viceministra insistió en que los responsables de las empresas involucradas en esta investigación acudan a las oficinas de la Administración Tributaria, y no busquen “soluciones mágicas”, que puedan incluir supuestos arreglos o pago de coimas. “La solución es que quien ha utilizado un documento de contenido no auténtico o directamente una factura falsa, la mejor recomendación que podemos dar es que rectifique en el momento, conforme a lo que establece la normativa tributaria”, recalcó.

González Ayala refirió además que la investigación está en la primera etapa, y que la siguiente consiste en inventariar la cantidad de documentación que fue incautada por el equipo fiscal conformado para esta causa.

Los casos anteriores de megaevasión fueron denunciados en junio de 2014 y en junio de 2015.