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El próximo 2 de octubre, en Hamburgo, Alemania, el embajador Óscar Cabello Sarubbi, viceministro de Relaciones Exteriores, prestará juramento como juez del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, de la Organización de las Naciones Unidas. El compromiso que asumirá será por nueve años. Con él, por primera vez el Paraguay integra este organismo jurisdiccional y, también, el Grupo de Países en Desarrollo Sin Litoral. Doble logro por tratarse de un ámbito en el que, a priori, pareciera que un ciudadano originario de un país mediterráneo no tiene mucho que aportar. Sin embargo, Cabello Sarubbi se encarga de demostrar en esta entrevista que esta apreciación es equivocada y que formar parte del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar ha sido una larga aspiración de los países sin costa marítima.
–No deja de resultar extraño que un paraguayo integre un tribunal que se ocupa de temas vinculados con el mar, considerando la condición de país sin litoral marítimo, y encima, en desarrollo…
–Bueno, este es un tema en el que el país tomó interés desde el momento en que perdimos nuestra salida al mar y nuestros puertos. Yo creo que es una materia que debería enseñarse en nuestras universidades y debería conocerse más, así como el derecho de navegación aérea. Aunque el Paraguay no tenga en estos momentos una compañía aérea propia, eso no quiere decir que el tema del transporte aéreo no nos interese. Lo mismo pasa con el mar. Además, nosotros sí tenemos una tradición de haber navegado los mares durante la época de la Colonia y época de la Independencia; y hasta el siglo pasado, el país contaba con barcos propios que navegaban los mares.
Acumuló una experiencia y una historia en materia de utilización de los océanos. Además, estamos ligados a lo que pasa en el mar; por ejemplo, en los cambios climáticos. Estamos teniendo veranos más calurosos, inviernos menos fríos. Evidentemente hay una alteración del clima que en gran medida se debe a los cambios que hay en los océanos. Los famosos fenómenos El Niño o La Niña son provocados por un calentamiento de las aguas del océano Pacífico, que no es usual.
Porque no tengamos salida al mar no somos indemnes a lo que pueda suceder en los mares.
–¿Cuál ha sido un logro del grupo de países en desarrollo sin litoral marítimo?
–El primer logro histórico fue la Convención de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Tránsito de los Estados sin Litoral. Un tema que ha progresado muchísimo. La misma Convención sobre Derecho del Mar, del año 82, tiene un capítulo que se refiere a los países sin litoral y sobre la libertad de tránsito.
–¿Qué implica esa libertad?
–Significa el derecho y la posibilidad de ir al mar y venir del mar a nuestro territorio. Tenemos ese derecho y de cómo se reglamente y ejecute no está en la Convención Internacional. Cada país tiene que negociar con su vecino, que es lo que ha hecho el Paraguay con el Brasil, el Uruguay, la Argentina, Perú y Chile. Nos han dado puertos en sus costas.
Lo importante es que con la Convención sobre el Derecho del Mar se introduce en la legislación internacional el concepto de la libertad de tránsito. O sea que los Estados que sean parte de la Convención –que son cerca del 80% de los países del mundo– están obligados a conceder ese derecho a los países sin litoral. Antes no existía esto; es una gran victoria.
Algunos países lo habían logrado antes, por iniciativa propia, como el Paraguay con el famoso Tratado de 1852 con Urquiza, presidente de la Confederación Argentina, que nos reconoció el derecho de tránsito por los ríos internacionales al y desde el mar. Es un precedente histórico. Por eso mismo el Paraguay está tan ligado a este ámbito.
–¿Qué pueden aportar los países sin litoral al tribunal que usted integrará?
–Creemos que como países sin litoral podemos aportar una visión distinta. Tal vez más neutral en esta materia, porque estamos más alejados del día a día de lo que es vivir sobre el mar y trabajando en el mar. Eso puede ayudar mucho al tribunal.
Paraguay es el primer país sin litoral que ingresa a este tribunal. Representa una gran responsabilidad, no solo para el país, sino para el resto de los países son litoral.
–¿Cuántos países sin litoral marítimo existen?
–Somos 44 países en total, de los cuales los que estamos en desarrollo somos 33. El Paraguay tomó el liderazgo de este subgrupo. El canciller Eladio Loizaga, en una de sus primeras actuaciones como tal, estuvo en la Conferencia de Países sin Litoral que se realizó en Viena, y le tocó a Paraguay ejercer la presidencia del grupo de las naciones en desarrollo sin litoral durante un par de años. Actualmente seguimos estando en la comisión directiva.
Integrar el tribunal fue una aspiración que tuvimos durante mucho tiempo los países de este grupo. Además, con la Convención se hizo una verdadera revolución en cuanto al régimen jurídico de los mares.
–¿Por qué?
–Porque, por ejemplo, se crean dos grandes instituciones en esta Convención: primero, el concepto del mar como patrimonio común de la humanidad. Se establece que, fuera de las jurisdicciones nacionales y de la zona marítima que es adjudicada a los Estados, se considera patrimonio común de la humanidad. Fuimos el grupo de países sin litoral los que defendimos ese concepto de la manera más radical posible.
Por otro lado, los países costeros en desarrollo reivindicaron también una zona en el mar que fuera exclusiva para ellos. Sobre todo cuando la actividad pesquera, gracias a la tecnología, se volvió global, cuando antes era regional. No había un cuerpo de normas que pudiera establecer un orden. Entonces, los países costeros en desarrollo, que no tenían la capacidad de pescar todo lo que se podía, sobre todo de América Latina, defendieron que esta apropiación del mar se iba a dar sobre 200 millas como zona económica exclusiva.
Es decir, los Estados costeros tienen la prioridad en la explotación de los recursos, tanto vivos como minerales, en esa zona. A partir de esas 200 millas se cuenta el área común, que es patrimonio de todos.
–¿Qué tipo de situaciones llegan al tribunal del mar para ser dirimidas?
–El tribunal tiene cinco salas para atender asuntos vinculados con controversias de los fondos marítimos, pesquería, medio marino, delimitación marítima y, finalmente, una de procedimiento sumario.
