Irene Escudero | EFE
Se trata de cartas de las dictaduras publicados hace unos días por la Cancillería de La Paz, que fueron facilitadas a Efe por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd).
Los archivos son pruebas de que lo que se denunció “como Plan Cóndor era cierto y no simplemente una especulación política o reclamación de las víctimas”, denuncia el abogado de Asofamd, Roberto Quiroz, en una entrevista con Efe.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el dictador chileno Augusto Pinochet para reprimir a la oposición en las décadas de los 70 y 80 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de su país, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Los documentos y misivas de la Cancillería boliviana abarcan sobre todo el período de Banzer, fallecido en 2002 por un cáncer.
“Se estableció con mucha claridad -y los documentos así lo muestran- la coordinación de las dictaduras del Cono Sur para perseguir a todas las personas que eran consideradas comunistas, izquierdistas, extremistas, terroristas”, asegura la presidenta de Asofamd, Ruth Llano.
Una nota del 4 de abril de 1972 firmada por el subsecretario de Exteriores, Jaime Tapia, dirigida al ministro del Interior, Mario Adett, contiene un informe del vicecónsul boliviano en la ciudad fronteriza de Salta, Gustavo Sejas, sobre una treintena de “políticos de extrema izquierda en el norte de Argentina”.
“Con el fin de realizar una labor más eficaz en forma coordinada con los organismos de seguridad argentinos”, Sejas solicita datos sobre “los extremistas”, incluyendo “antecedentes, filiación, sobre todos sus fotografías” para “individualizarlos con facilidad”.
Y además, tanto en esa carta como en otra fechada el 24 de mayo de 1972, se sugiere que Bolivia pida a Argentina que los exiliados “sean residenciados en lugares alejados de nuestras fronteras”.
Así conseguían “mover los organismos represivos para hacer desaparecer personas” de las que se sabía su ubicación, explica Llanos.
La presidenta de Asofamd considera que en el traslado de los perseguidos desde la frontera hacia el interior de Argentina, en este caso, corrían el peligro de ser asesinados.
“Difícilmente vamos a encontrar una prueba plena que diga ‘asesinen o hagan desaparecer’ a tal persona”, lamenta el abogado de Asofamd, puesto que en las misivas que se envían a los consulados aparecen fórmulas como “tomen las medidas correspondientes”.
Gracias a los documentos, los familiares “pretenden demostrar que fueron víctimas de exilio y deportaciones”, comenta Quiroz, quien ve “por fin” en los papeles una prueba firme que presentar a juzgados.
Los documentos van a servir desde un punto legal para acreditar que efectivamente estas personas eran perseguidas y desaparecieron.
Esto puede abrir la posibilidad de que los familiares, si quieren, tramiten certificados de defunciones que servirán, por ejemplo, para gestiones en declaratorias de herederos, agrega.
A pesar de datar de más de 30 años, el abogado asegura que se podrá llevar a los responsables a juicio porque son “delitos de lesa humanidad, masacres, desapariciones, torturas, tratos crueles”, que según la normativa internacional son imprescriptibles.
Entre los documentos desclasificados también hay información diplomática sobre presos políticos en Uruguay y notas que aluden al caso del argentino Luis Stamponi Corinaldeci, desaparecido en 1976, y al sacerdote jesuita español Luis Espinal, asesinado en 1980.
Sobre Espinal, una misiva de 1974 enviada al ministro del Interior, Juan Pereda, considera que el viaje del sacerdote para curarse en el exterior le solucionaría al Gobierno “la necesidad de su alejamiento del país propuesta por los organismos de seguridad en vista de su labor de fustigación en contra del Gobierno nacionalista”.
También hay alertas de autoridades consulares de la época sobre el posible ingreso del activista cultural argentino Liber Forti, que era considerado un “extremista”, a la ciudad peruana de Tacna, tras haber estado en Bolivia y Chile.
Forti murió en marzo de 2015 en Cochabamba (centro), a los 95 años de edad.
La presidenta de Asofamd asevera que con los códigos e información que aparecen en los documentos de la Cancillería se hará el seguimiento de cartas clasificadas en otros ministerios.
Esa entidad pide un comité multidisciplinar que pueda procesar los documentos desclasificados y que se ponga en marcha la rendición de cuentas y el derecho a la Justicia de familiares y víctimas.
