El retiro voluntario constituye un mecanismo utilizado para desvincular a personas de sus cargos por diferentes razones. En cualquiera de los casos, deben ser analizados los costos y los beneficios de estos.
Las instituciones deben contar con normativas claras acerca de quiénes tienen derecho a acogerse a este beneficio y las razones por las cuales la institución debe recurrir a esta medida que siempre resulta costosa.
En el caso de que el objetivo sea reducir el plantel para disminuir costos, el retiro voluntario debe tener como resultado la eliminación de los rubros que quedaron vacantes.
Sobran casos en que los funcionarios dejaron la institución y no solo se mantuvieron los rubros, sino que se volvieron a ocupar. La institución debe informar a la ciudadanía periódicamente acerca de la evolución de sus rubros.
Si el objetivo es aumentar el capital humano y no es posible que ese grupo de funcionarios pueda adaptarse a las necesidades o al dinamismo que exige un producto o servicio de calidad, el retiro voluntario debe ir acompañado de normas claras acerca de la incorporación de los nuevos funcionarios. Es de esperar que, como contrapartida de la salida de unos, se incorporen otros con las competencias requeridas. Ello exige concursos públicos abiertos y transparentes.
Todas las posibles razones de un retiro voluntario deben ser debidamente analizadas.
Las instituciones deben considerar todos los costos y evaluarlos a la luz de los beneficios. Las justificaciones o argumentos deben ser puestos a consideración del público en general, así como los criterios generales para acceder al retiro.
Las autoridades nunca deben perder de vista que sus acciones tienen que ser realizadas en un marco de transparencia con el objetivo de rendir cuentas. La ciudadanía finalmente es quien financia, recibe los beneficios o carga con la ineficiencia de la gestión pública.
El sector público debe superar la idea de que transparencia es “colgar” información una vez realizado el acto.
La inclusión de la lista de las personas beneficiadas con el retiro voluntario es el último paso. Antes de eso se deben informar el objetivo del programa, los criterios y los resultados previstos.
La transparencia permitirá mejorar las condiciones para reducir las posibilidades de corrupción, conductas prebendarias o beneficios basados en relaciones personales y no en las necesidades de las instituciones públicas. Obviamente se espera que las autoridades pongan en primer lugar el interés público, además de transparentar su gestión.