En la colonia Guahory, distrito de Tembiaporã, en el Departamento de Caaguazú, vivían hasta hace poco 200 familias, en una comunidad con casas de ladrillo y madera, con acceso a la energía eléctrica, y con tres escuelitas para los niños. Cultivaban un poco de trigo y soja; tenían también cultivos de subsistencia, chanchos y gallinas.
El 15 de setiembre, en horas de la mañana, la apacible vida de los campesinos sufrió un brutal revés. Un operativo que movilizó a 1.200 policías procedió al violento desalojo de las 200 familias, cuando la orden del juez permitía el desalojo solo de 64 viviendas. Para este operativo, los policías recibieron ayuda efectiva de los colonos brasiguayos, como lo confirmó una publicación de ÚH. La policía destruyó casas, quemó cultivos, y hasta estuvo a punto de llevarse incluso a los chanchos y las gallinas.
Después de casi un mes del desalojo, y una serie de choques que dejaron niños y mujeres golpeados, se llegó a una tregua tras una reunión en el Indert y el acuerdo, de momento, asegura una búsqueda de solución.
Pero no va a ser sencillo, ya que varios títulos que ostentan los llamados brasiguayos han sido expedidos violando algunos requisitos del Estatuto Agrario, por ejemplo el de la ocupación efectiva del lote. En otros casos, los lotes fueron revendidos antes de los 10 años establecidos. Pese a esta serie de irregularidades, los títulos fueron inscriptos tanto en Catastro como en Registros Públicos. A eso se agrega el hecho de que muy pocos de los brasiguayos residen en Guahory, y en su mayoría solo utilizan los terrenos para expandir sus áreas de producción. Incluso el titular del Indert reconoció la legitimidad de los reclamos de los campesinos.
Los hechos de corrupción que generaron este conflicto deben ser aclarados y los responsables y los culpables deben hacerse cargo de sus actos. Al mismo tiempo, el Gobierno debe reconocer que el abusivo uso de la fuerza pública, por parte de la policía, solamente genera pérdida de credibilidad de los uniformados. La violencia no puede ser una alternativa, sobre todo en un país con desigualdad y pobreza, que aguarda hace demasiado tiempo por una reforma agraria integral, que haga posible el arraigo de las familias campesinas en sus tierras.
Un informe de la Comisión de Verdad y Justicia que investigó las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Stroessner sumó casi 8 millones de hectáreas robadas entre 1954 y 2003. Esa tierra debería estar destinada a los campesinos, y a que sus familias puedan vivir dignamente. Porque es precisamente en la corrupción donde se origina el problema de la tierra en el Paraguay.
Ojalá que ni la corrupción ni la violencia ganen esta partida. El conflicto en Guahory debe ser resuelto antes de que se llegue a un punto sin retorno, como en otros lamentables casos de la problemática social de la tierra.
