En representación de Richard Daniel Chamorro Alvarenga, uno de los imputados por perturbación a la paz pública tras el incendio del Congreso Nacional, González López presentó ayer una insólita recusación, donde son recusados quienes deberían de confirmar a los fiscales en las causas, como son el fiscal general del Estado y el fiscal adjunto Roberto Zacarías.
Además de Díaz Verón y Zacarías, los agentes fiscales recusados son los que investigan el incendio del Congreso Nacional, los que investigan el asesinato de Rodrigo Quintana, el enfrentamiento entre policías y manifestantes en las inmediaciones del diario ABC Color, y los encargados de la pesquisa de denuncias contra policías por violación de Derechos Humanos.
El caso lo deberá de resolver la Sala Penal de la Corte, informaron desde el Ministerio Público, considerando que en este caso en específico el propio fiscal general del Estado es uno de los recusados.
MOTIVOS. La recusación a todos los fiscales fue anunciada luego de que el Ministerio Público presente imputación contra cuatro personas que supuestamente fabricaron bombas molotov dentro del PLRA y que fue apreciado en los videos de la cámara de vigilancia, utilizados como elemento de prueba del asesinato de Rodrigo Quintana por parte de la Policía.
A los liberales le llama la atención que en la causa de quema de la sede legislativa ya estén imputadas 19 personas, y por la supuesta fabricación del explosivo casero otras cuatro, mientras que en lo que refiere al crimen de Rodrigo Quintana solo está procesado el suboficial ayudante Gustavo Florentín, y ningún otro uniformado.
Asimismo, por el asalto al PLRA y el violento accionar policial existen tan solo dos imputados, el comisario Tomás Paredes Palma, subjefe de Investigación de Delitos, y el oficial inspector Guido Amarilla, antimotín de la Agrupación Especializada.
más argumentos. Según el apoderado liberal existen imputaciones selectivas, siempre contra manifestantes, sin embargo, en las causas donde los policías son denunciados como el atropello al PLRA y las denuncias ante la Fiscalía de Derechos Humanos no registran imputaciones.
Además, en el escrito no se olvidaron de la cercanía familiar entre el fiscal general del Estado y el cartismo, que tuvo que retroceder en su intención de violar la Constitución.
Recordaron que Pedro Díaz Verón, hermano del fiscal general del Estado, fue el que impulsó el proyecto de reelección del presidente de la República, Horacio Cartes, durante la convención del Partido Colorado.
Por último, en la recusación se asegura que la Fiscalía “está confundida”, ya que supuestamente en las botellas tenían vinagre para atenuar los efectos de los gases lacrimógenos y no bombas tipo molotov.