El Presupuesto General de la Nación 2018 fue presentado recientemente ante el Congreso, con la novedad de un ahorro de 43 millones de dólares, efectuado por el Poder Ejecutivo, tras el recorte de varios gastos considerados superfluos o innecesarios, según explicó la ministra de Hacienda, Lea Giménez.
Los recortes realizados corresponden a recursos destinados a organizaciones no gubernamentales, pasajes y viáticos, vestuarios, equipos de oficina, vehículos, bonificaciones y catering, de acuerdo con lo que explicó la ministra.
El esfuerzo que realizó esta secretaría de Estado, sin embargo, no es correspondido en igual proporción por el conjunto del Poder Ejecutivo y por el resto de las autoridades y de los dirigentes políticos que responden al oficialismo.
Un ejemplo concreto es lo que está ocurriendo en la empresa estatal Petropar, donde el propio Ejecutivo volvió a abrir la canilla para el pago de beneficios y aguinaldos extras en el sector público, totalmente a contramano de lo que se había dispuesto ya el año pasado, cuando los cuestionamientos a los dobles y triples aguinaldos que recibían muchos funcionarios generó la indignación de la ciudadanía y el propio presidente Horacio Cartes había decidido suspenderlos por decreto.
Sin embargo, ahora un nuevo decreto, el número 7613, del 22 de agosto, autoriza al Ministerio de Hacienda a transferir el crédito presupuestario solicitado por Petropar, por 6.295 millones de guaraníes, en los que se incluye el pago de beneficios, que incluiría el famoso “premio” o aguinaldo extra, lo cual se da en el contexto de la actual campaña política proselitista, con la evidente pretensión de lograr la adhesión de los funcionarios estatales al candidato presidencial del oficialismo. Solo que ello implica un gran retroceso para el proceso de racionalización de los recursos del Estado.
La ministra de Hacienda anunció que con una parte de los USD 43 millones que se han ahorrado con los recortes de gastos superfluos se financiará el aumento salarial a los docentes, del 12% anual, en caso de que se llegue a un acuerdo. Con ese mismo monto se podrían también construir otros dos megaviaductos como los de Madame Lynch y Autopista (que costó cerca de USD 24 millones) o más de cuatro hospitales como el Materno Infantil del barrio San Pablo (con un costo de USD 9 millones).
Si se aplicara el mismo criterio de ahorro en el propio Parlamento y en varias otras instituciones, suspendiendo tanta dilapidación de recursos, muchas de las más urgentes necesidades sociales encontrarían mejores respuestas y el país tendría otra dinámica de desarrollo.