Si bien los productores argumentan que este tributo castigará y penalizará a los pequeños y medianos productores, el proyecto establece claramente que queda exonerada la producción proveniente de inmuebles, cuyas superficies no superen las 20 hectáreas, conforme lo demuestre el correspondiente certificado de trazabilidad expedido por el Ministerio de Agricultura.
Asimismo, aunque el sector productivo sostiene que el impuesto hará que los pequeños y medianos productores desaparecerán porque caerá mucho la rentabilidad final, ya que se pretende descontar el 10% de la producción bruta, sin importar si hubo pérdidas por sequías u otros factores climáticos, el proyecto de ley refiere que el Poder Ejecutivo queda facultado a disminuir en ciertos años la tasa imponible, en determinados rubros de exportación gravados por esta ley, dependiendo de la relación de los costos de producción, el rendimiento y su precio en el mercado internacional.
Además, como el proyecto de normativa señala que la tasa será de hasta el 10%; puede ocurrir el caso de que el tributo nunca se aplique realmente; es decir, puede quedar en 0%, tal como sucedió con el impuesto al valor agregado al combustible. Para recordar, la Ley 2421/04 contempla la aplicación del IVA al combustible (a una tasa única del 10% o diferenciada para el gasoíl y para las naftas), pero nunca fue aplicada.
Se estima que en un buen año agrícola, si se aplica la tasa del 10%, este tributo puede generar al fisco unos 300 millones de dólares.
Analistas. Los economistas César Barreto y Manuel Alarcón coinciden en que el impuesto a la exportación de soja será trasladado a los pequeños productores.
Barreto sostiene que esta situación desmotiva la producción de granos y frenará el desarrollo de un sector que aporta mucho a la economía del país.
Alarcón, por su parte, argumentó que este tributo aumentará el costo del producto. Agregó que este tipo de impuestos implica un manotazo al productor.