EFE
Los motivos que exponen las tres grandes organizaciones que representan a las casi 1.200 farmacias que operan en Uruguay coinciden en varios puntos.
Por un lado, argumentan que muchas farmacias del interior del país, es decir, aquellas que no están en Montevideo, consideran que la venta de marihuana en sus establecimientos puede afectar a su imagen frente a los clientes con valores más tradicionales, dado que estos no ven con buenos ojos el dispendio de cannabis de forma legal.
Según dijo a Efe el presidente de la Asociación de Farmacias del Interior, Fermín Arguiñarena, hay muchos establecimientos “que no quieren ser los primeros” en vender marihuana y que en el interior de Uruguay, donde, según él, “la gente es más conservadora” y las poblaciones son más reducidas, hay “muchos clientes de toda la vida” que rechazan la comercialización legal de cannabis.
En ese sentido, el presidente del Centro de Farmacias del Uruguay, Jorge Suárez, destacó que hay personas que opinan que “una farmacia está para curar y no para enfermar”.
En cuanto a las farmacias que no se han adscrito por este motivo, Arguiñarena estima que una vez que comience la venta “seguro que más de uno se va a inscribir”.
En segundo lugar, dos de las tres organizaciones esgrimen que en el momento en el que finalizó el periodo de inscripción para la venta de marihuana había establecimientos que no cumplían con las condiciones exigidas en el ámbito sanitario o de seguridad, a pesar de tener intención de participar en el plan desde su inicio.
Otro argumento que explicaría la baja adhesión al proyecto se encuentra en la inseguridad, un asunto que en los últimos años se ha convertido en una preocupación para la sociedad uruguaya.
En ese sentido, el presidente de la Cámara Uruguaya de Farmacias, Gonzalo Miranda, dijo a Efe que algunos establecimientos ubicados en zonas de venta de droga han manifestado haber recibido amenazas por parte de los narcotraficantes, quienes consideran que la comercialización de marihuana puede afectar a su negocios ilegales.
Precisamente, uno de los argumentos del Gobierno para aprobar la ley que permite la compraventa legal de marihuana es la lucha contra el narcotráfico, aunque a la norma también se le ha dado una perspectiva de salud y de derechos.
El Ejecutivo, en palabras del prosecretario de la Presidencia uruguaya y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo, considera que con las alrededor de 50 farmacias inscritas es suficiente para iniciar una etapa piloto de la implementación de la ley.
Además, el Gobierno prevé que a medida que comience la venta legal en las farmacias, el número de establecimientos que participará irá en aumento.
En cuanto a los plazos, no concretados todavía, se espera que en un par de meses comience a comercializarse el cannabis legal en el país suramericano.
El Gobierno ha licitado a dos empresas (Iccorp y Simbiosys) para la producción del cannabis recreativo.
Según dijo Roballo, las cosechas estarán listas en las próximas semanas y, según informan otras fuentes, se estarían obteniendo unos 300 gramos de marihuana por cada planta.
Por otro lado, todavía no ha salido a concurso la licencia para la producción de cannabis terapéutico para abastecer el mercado interno, aunque ya ha habido empresas interesadas.
De hecho, según explicó a Efe en su momento el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, una empresa israelí manifestó su interés en producir marihuana medicinal en Uruguay para su exportación debido a sus facilidades legales.
Para poder comprar marihuana, los usuarios deberán registrarse previamente en el sistema y tendrán acceso a 10 gramos de cannabis a la semana y un máximo de 40 al mes.
Si bien el precio de venta todavía no se ha estipulado, se prevé que el gramo podrá ser adquirido por alrededor de 1,2 dólares.
Por Javier Roibás
