El Ministerio de Hacienda ha retomado el control de la política fiscal. Los resultados de las finanzas públicas en el 2016 han sido mejores de lo que estábamos estimando inicialmente.
Si bien los ingresos tributarios y no tributarios crecieron en los niveles estimados, hubo una importante contención en los gastos corrientes del Estado respecto a años anteriores con un crecimiento nominal de apenas el 3,2%, los gastos salariales estuvieron congelados y el ritmo de ejecución de las inversiones públicas aminoró en el último cuatrimestre del 2016, lo que terminó con un crecimiento del 20% respecto al año anterior.
Con esta combinación de cosas, el déficit fiscal terminó en un 1,46% del PIB, por debajo del límite fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Este hecho es muy destacable y positivo porque permite ir consolidando a la Ley de Responsabilidad Fiscal como un instrumento de política fiscal responsable y su cumplimiento genera credibilidad. El Ministerio de Hacienda ha persistido en cumplir los límites fijados en la Ley a pesar de todas las necesidades y dificultades que naturalmente tiene la administración financiera del Estado en un país en desarrollo.
Sin embargo, los desafíos hacia adelante son aún más difíciles y complejos y la verdadera prueba para una regla fiscal es su cumplimiento en periodos electorales. En los últimos meses del 2016, empezamos a entrar crudamente a los tiempos que marcan la política con un enfoque marcadamente electoral. Un poco temprano, pero son los tiempos de la política.
En el presupuesto 2017, inicialmente aprobado por el Congreso, ya se notó esta realidad, principalmente, en los incrementos salariales poco razonables para docentes y personal de blanco, aunque en menor proporción que la observada en el presupuesto del 2012. Solo que ahora los márgenes de maniobra del presupuesto son muy estrechos y no existe ningún espacio para ajustes salariales de tal magnitud.
El Poder Ejecutivo decidió el veto total del presupuesto, principalmente, por la reducción del monto autorizado para la emisión de bonos soberanos decidida por el Congreso. Un hecho sin precedentes. Había otras opciones, pero el Poder Ejecutivo optó por el veto total y este fue aceptado por la Cámara de Diputados.
Como consecuencia, el Poder Ejecutivo ha puesto en vigencia para este 2017 el mismo presupuesto del 2016 basado en el artículo 19 de la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado, para garantizar el funcionamiento y evitar una parálisis del sector público que tendría consecuencias muy catastróficas para la economía del país. Si el Estado no paga salarios, jubilaciones o a sus proveedores, se cortaría de manera muy brusca la cadena de pagos y el sistema económico colapsaría totalmente en el corto plazo. Por lo tanto, mantener la continuidad de los gastos corrientes basados en el presupuesto anterior, me parece una decisión adecuada considerando que otras opciones requieren de un tiempo largo para su materialización y el Estado tiene que seguir funcionando lo más normalmente posible.
Sin embargo, por una cuestión de seguridad jurídica en algunos aspectos muy importantes del presupuesto, como la autorización para la emisión de bonos soberanos o la autorización de reprogramaciones presupuestarias, es necesario un diálogo serio y responsable entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para aprobar una ley complementaria que despeje los riesgos e incertidumbres que aún quedan pendientes y asegurarles a los administradores de todas las instituciones públicas que sus actos y decisiones tienen la debida legalidad que se requiere en la administración pública.
Ojalá los líderes de los distintos sectores encuentren la manera de dialogar sobre aquellos aspectos que son fundamentales para que las instituciones públicas puedan funcionar normalmente y presten los servicios que la gente necesita, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir entre ellos en un momento determinado y que podamos seguir consolidando una política fiscal responsable y creíble. Por el bien de nuestra gente.
