El argumento esgrimido por la referida agrupación para impulsar un pedido de esa naturaleza es que el mismo no reúne las condiciones de seguridad jurídica, legal ni de conveniencia a los intereses de la institución municipal.
Asimismo, señala que ello provocaría a futuro daños patrimoniales al Municipio que derivarían en responsabilidad civil y penal de funcionarios comunales que intervengan en la concreción de este negocio.
Finalmente, pide derogar las resoluciones que autorizaron la licitación por estar viciadas de nulidades insalvables.