Se imagina qué podría suceder si en el próximo clásico de fútbol paraguayo el partido se juega sin un árbitro. ¿Quién cobraría el penal, una falta en el área chica o anularía un gol por fuera de juego? Nadie.
Tarde o temprano ese encuentro deportivo en el que hay tanta rivalidad, terminaría en un completo desastre.
Eso es exactamente lo que está pasando con nuestras diversas cajas de pensión.
Estamos jugando el partido sin que nadie verifique sistemáticamente cómo invierten nuestros aportes para que, cuando tengamos que jubilarnos los ahorros estén disponibles por el tiempo que nos reste de vida.
La ley que tiene media sanción de Diputados y crea una Superintendencia de Pensiones no cambiará absolutamente nada en el sistema de reparto de beneficios.
¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto no pone en debate –en ningún artículo– si nuestra jubilación será tras cumplir los 60 o 65 años de edad.
Tampoco es cierto que el superintendente tendrá disponibilidad de los fondos de los aportantes, lo que sí se establece es la creación de un consejo de inversión que va a marcar ciertas pautas para que las operaciones que se hagan con el dinero de los aportantes sean lo más seguras posible.
Es más, este consejo estará inclusive integrado por dos representantes especializados del sector privado.
Actualmente, la mayoría de los aportes que manejan las cajas están depositados en certificados de depósitos de ahorro (CDA), que generan un bajo nivel de interés bancario.
Lo que plantea esta ley es que los fondos de pensión se puedan invertir en una gama de instrumentos financieros, como por ejemplo: bonos del Tesoro, acciones, créditos, inmuebles, fondos mutuos, etc.
A cada uno de estos instrumentos se le va a poner un límite máximo, justamente, para que se diversifiquen y se evite la concentración que sí implica un verdadero riesgo para cualquier previsional.
El año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advertía en un informe que en diez a quince años varias cajas correrían el riesgo de incapacidad de pagos para con sus pensionados si no revierten su plan de sostenibilidad. Para que se hagan una idea de la gravedad de este problema, añado el estudio de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP) que en el 2016 estimaba el déficit actuarial de las cajas previsionales en unos USD 19.334 millones.
Los casos más graves se observaron en Cajubi, Caja Fiscal y la Caja del Instituto de Previsión Social.
Por todo lo expuesto, llama la atención que hasta el año pasado varios líderes de gremios empresariales lo único que cuestionaban al proyecto de ley es que en el consejo asesor (directivo) no estén representados los miembros del sector privado.
Situación que se salvó con la modificación que hizo Diputados la semana pasada al incluir a representantes de los sectores obrero y patronal.
Pero los cuestionamientos siguen y hasta se podría dudar si la verdadera intención, no es que las cajas sigan operando peligrosamente sin regulador.
El país está a tiempo de evitar un problema social grave en su sistema de pensiones si toma medidas correctivas y esta ley es un primer paso.