La Contraloría General de la República (CGR) presentó ayer un recurso de aclaratoria donde pregunta al juez Rubén Darío Riquelme sobre el plazo en el cual debería entregar las declaraciones juradas de bienes presentadas por las máximas autoridades gubernamentales electas y designadas (presidente, vicepresidente, ministros, secretarios con rango de ministros, legisladores, ministros de Corte, gobernadores, intendentes, integrantes de juntas, directores de Itaipú, Yacyretá, entre otros) entre 1998 y 2017.
Con este movimiento judicial desde la Contraloría, tácitamente, buscan dilatar la entrega de los documentos de las autoridades, solicitados por el ciudadano Juan Lezcano, ya que una vez que obtengan la aclaratoria, presentarán una apelación en contra de la resolución emitida el martes pasado.
El asesor jurídico de la CGR, César Núñez, manifestó que el hecho de que soliciten una aclaratoria no quiere decir que reconozcan que las declaraciones juradas deben ser entregadas a quienes lo piden, por lo que la decisión de presentarse ante el Tribunal de Apelación sigue en pie.
“Nosotros sostenemos dos cosas: nunca existió de parte nuestra negativa ni resistencia a proveer dato alguno. En materia administrativa lo que funciona es el principio de legalidad. La ley de declaración jurada dice que la información de declaración jurada solo puede ser proveída por orden judicial”, indicó.
Agregó que el juez debió resolver la fecha de estas entregas, porque la base de datos de la CGR no está ordenada por cargos sino por nombres.
“Si apelamos, en tres días el Tribunal debe resolver”, recordó el abogado.
LEY 5033. La CGR alega que la ley de declaración jurada no le permite entregar documentos. La Ley 5033 establece “la autorización expresa e irrevocable del declarante que faculte a la CGR, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, a dar a conocer datos contenidos en su declaración jurada de bienes y rentas activos y pasivos conforme a procedimiento a ser establecido por la misma en la reglamentación correspondiente”.
Es decir, la Contraloría manifiesta que solo se puede acceder a estos datos con orden judicial. El caso es que la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública establece que la CGR es fuente pública obligada a dar información pública, y las DDJJ caen dentro del concepto de información pública, ley que se estableció luego de la 5033.
El contralor general Enrique García está obligado a entregar las declaraciones atendiendo lo establecido en el artículo 581 del Código Procesal Civil sobre el recurso de apelación.
“Contra la sentencia de primera instancia que acoge o deniega el amparo (...) se procederá el recurso de apelación, el que será concedido sin efecto suspensivo cuando se acoja el amparo(...)”, dice el texto.
Es decir, a pesar de que la CGR apele la decisión del juez Riquelme, no existe suspensión en la resolución del magistrado, por lo que mientras se resuelva la apelación ante el Tribunal, se deben entregar las copias al solicitante.
Pedido. La CGR presentó un recurso de aclaratoria al juez Rubén Riquelme sobre plazos.