El pacto se inscribe en sus esfuerzos para mejorar su reputación internacional tras las duras críticas que enfrentó a mediados de año, cuando una filtración a la prensa de documentos, conocida como los papeles de Panamá, apuntaba a que el país albergaba empresas opacas proclives para la evasión fiscal y el fraude.
“Este acuerdo representa una clara señal de que la comunidad internacional está unida en sus esfuerzos para acabar con la evasión fiscal internacional. Vamos a continuar con nuestros esfuerzos hasta que no quede ningún lugar donde ocultarse”, manifestó el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría.
El texto que rubricó el pequeño país centroamericano, mediante la embajadora de Panamá en Francia, María Del Pilar Arosemena de Alemán, es el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, considerado el instrumento multilateral más completo que promueve la cooperación fiscal contra la evasión fiscal.
Con la firma de Panamá, ya se han adherido a este acuerdo 105 jurisdicciones fiscales (no son lo mismo que países, dado que hay dependencias de otros Estados que tienen cierta autonomía fiscal, como la Isla británica de Man, por ejemplo).
Desde que el escándalo de la filtración de documentos fiscales opacos con origen en un despacho de abogados panameño estallase en abril, Panamá se ha prodigado en viajes internacionales para realzar su empeño en promover la transferencia fiscal.
Bruselas, Berlín o Japón han sido algunas de las paradas de los miembros del Gobierno centroamericano.
El propio Ejecutivo aprobó este mes un proyecto de ley “modelo internacional” sobre transparencia fiscal, que obliga a las personas jurídicas constituidas en el sistema legal panameño a llevar registros contables y tener su documentación de respaldo.
Los papeles de Panamá revelaron la existencia de miles de empresas con ventajas fiscales en 21 territorios de todo el mundo constituidas a lo largo de 40 años por el bufete panameño Mossack Fonseca.
Este escándalo puso de relieve la facilidad con la que algunas personas físicas y jurídicas pueden esquivar a la Hacienda pública creando sociedades opacas en paraísos fiscales que además pueden ser empleadas para otros actos ilícitos.
