Si bien en el pedido hecho por el titular de esa dependencia, abogado Óscar Orué, se sostiene que será destinado a servicios e insumos para el buen funcionamiento de la institución, una cifra de G. 16.300 millones será destinada a servicios personales, tanto del Ejecutivo Municipal como de la corporación.
De ese monto, G. 11.500 millones corresponden a salarios, asignaciones complementarias, personal contratado, honorarios profesionales y otros para la Intendencia; en tanto que G. 4.800 millones se destinarán al cuerpo legislativo comunal para realizar nuevas contrataciones.
La distribución de todo ese dinero para sueldos y más nombramientos formaría parte del reciente pacto político hecho entre la administración encabezada por el jefe comunal Mario Ferreiro y el titular de la Junta, concejal Hugo Ramírez. Precisamente el edil aseguró la presidencia hasta el 2018 a cambio de apoyar proyectos de infraestructura de envergadura a ser encaradas en este período por la institución comunal.
POSTURA. El edil Sebastián Villarejo dijo que esta ampliación es para contratar a operadores políticos y se suma a la creación de nuevas zonas impositivas a finales del 2015 con aumento de impuesto inmobiliario, de tasas de recolección, de patentes comerciales y del nuevo sistema de estacionamiento tarifado. También mencionó la aprobación de la ejecución presupuestario del ex intendente Arnaldo Samaniego.
“Son casi G. 5.000 millones para la Junta Municipal, que se repartirán entre los concejales nuevos para que puedan tener su cupo de gente. Y ese dinero no es porque mejoró la eficiencia de la institución sino porque le metimos la mano en el bolsillo de la gente. Es una vergüenza”, puntualizó.