El juez de Garantías Roberto David Pereira dispuso la medida alternativa a la prisión a Ceferiano Amarilla, quien fue destinado a cumplir un servicio comunitario en la colonia indígena Yrapey, a cargo del líder de la comunidad.
Asimismo, cuenta con prohibición de ingerir bebidas alcohólicas y de portar armas; debe asistir a firmar al Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Concepción cada dos meses y debe abonar G. 500.000, suma que será destinada a la escuela de la colonia Yrapey de la comunidad paí tavyterá.
Amarilla fue detenido hace 12 días por el caso que data del 2012. A su vez, existen tres personas prófugas por el mismo hecho.
En presencia del juez Pereira y del fiscal Álvaro Almirón, de la Unidad Penal Nº 2, se realizó el aty guasu, que es el órgano máximo a nivel indígena y que opera como una democracia, donde la mayoría decide sobre la sanción a los indígenas. El aty guasu es equivalente a los tres poderes de nuestro sistema legal, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.
La reunión se realizó con la intención de que la comunidad indígena acepte al sujeto para que pueda cumplir con la medida alternativa a la prisión dentro de la comunidad durante seis meses. De cumplir con las medidas impuestas los antecedentes del hombre serán borrados, informó el colaborador de la zona Carlos Escobar.
En contacto con Última Hora, Dora Penayo, directora de Asuntos Étnicos de la Fiscalía, explicó que los indígenas suelen ser aceptados en las colonias siempre y cuando la infracción no haya sido grave.
“Para los indígenas, un hecho denominado grave debe ser cumplido con pena privativa de libertad, ya que si se quedan en la comunidad indígena corren el riesgo de una venganza colectiva y de quebrar el estado de paz y armonía del lugar. Por cuestiones religiosas, los indígenas creen que si la comunidad no se encuentra en paz, los cultivos no saldrán bien y los médicos no podrán curar a los enfermos”, indicó.
Agregó que para juzgar, los indígenas tienen en cuenta a cargo de quién quedarán los hijos, tanto del autor del hecho como de la víctima. En algunos casos los culpables son obligados a trabajar para ayudar a la familia de las víctimas.
