“Las advertencias no se tomaron en cuenta, esa es la verdad. No fuimos los únicos, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura ya visitó y dijo que esto podía ocurrir. El relator James Cavallaro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció el hacinamiento, las condiciones de reclusión. Hay varios informes que advierten que la situación en el penal podía tener un desenlace como el que ocurrió ahora”, comentó ayer Carlos Portillo, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
En febrero de este año, este organismo nuevamente advirtió la ausencia de un plan de prevención de incendios en Tacumbú. Este documento instó al Ministerio de Justicia –como ya lo hizo el mismo organismo en el 2013– a la construcción de dos tanques de agua con capacidad para 30.000 litros como mínimo, la instalación de 20 bocas de expendio de agua distribuidos en el predio y la habilitación de cuatro salidas de emergencia de los diferentes pabellones a lugares más seguros.
“Las instalaciones eléctricas son caóticas, sin exagerar. Hay cables pelados para todos lados”, sostuvo Portillo y mencionó que todas las alertas emitidas sobre la posibilidad de un incendio en Tacumbú fueron abiertamente desoídas por las autoridades.
“No había ningún sistema antiincendio en caso de que ocurriera, los riesgos de incendio eran altísimos por las condiciones de las instalaciones, no había extinguidores en las zonas cercanas donde podrían ocurrir, los extinguidores estaban centrados en un área lejana. No había sistema de evacuación. Donde ocurrió es un lugar cerrado en donde en la noche los presos no tienen oportunidades de salir si hay un incendio, no tienen manera de evacuar rápidamente para evitar muertes”, recalcó Carlos Portillo.
Comisionados del MNP recabaron denuncias de guardiacárceles, que permanecieron en el anonimato, sobre las precarias condiciones laborales y la corrupción que impera dentro del penal.
Los funcionarios mencionaron que existen desvíos de millonarias sumas por la ausencia total de obras que mejoren las condiciones de reclusión de los presos.
LA PEOR TRAGEDIA. En el año 2001 se produjo la peor tragedia en un recinto penitenciario cuando se desató el infierno en el correccional de menores Panchito López, donde perdieron la vida doce menores infractores y quedaron heridas al menos cuarenta más. Por ese hecho, el Paraguay fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a pagar un millón de dólares a familiares de las víctimas.
