El periodo legislativo correspondiente del 2013-2018 será recordado por varios motivos, entre ellos por la gran cantidad de desafueros solicitados por la Justicia para proseguir los procesos por corrupción contra parlamentarios, tanto diputados como senadores.
En ese sentido, en la Cámara de Diputados se dio la mayor cantidad de desafueros (seis) y son varios los legisladores que están con procesos judiciales pendientes y que no culminan por las múltiples chicanas.
Entre los casos de los legisladores de la Cámara Baja, y uno de los más sonados, es el que involucra al colorado José María Ibáñez, quien fue desaforado en marzo del 2014.
Este parlamentario está acusado por estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios. Es en la causa de sus caseros Favio Ernán Gómez Chamorro, Éver Isaac y Viviana Patricia Falcón Valenzuela, quienes figuraban como funcionarios de Diputados, pero prestaban servicios en la finca del legislador.
El proceso de Ibáñez se inició en el 2013 y hasta la fecha por las numerosas chicanas jurídicas presentadas, su causa no avanza.
Para evitar el juicio oral y público, el parlamentario ofreció reconocer los hechos, reparar los daños y donar dinero a dos centros hospitalarios. Sin embargo, la Fiscalía rechazó el ofrecimiento.
También fue otorgado el desafuero al colorado Óscar Venancio Núñez. Fue en el 2014, tras ser imputado por el fiscal Martín Cabrera por los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Se lo investiga por el supuesto desvío de unos G. 1.000 millones destinados a familias de escasos recursos en concepto de ayuda social.
Otro pedido de desafuero contra Núñez sigue pendiente de su aprobación, a pesar de que ya fue solicitado en el 2015 por una imputación por lesión de confianza en un monto que ronda los 32.000 millones de guaraníes como administrador de la Gobernación de Presidente Hayes.
MÁS CASOS. Asimismo, el colorado Carlos Núñez Salinas está imputado por contrabando de decodificadores y producción de documentos no auténticos, en una suma de USD 1.026.028. Aunque el legislador reconoció su culpabilidad y pagó una multa por ello, su proceso continúa.
La colorada Perla de Vázquez, por su lado, fue condenada por calumniar a la abuela de su colega y correligionario Freddy D’Ecclesiis.
Milciades Duré, parlamentario liberal, cuyo caso fue elevado a juicio oral, está imputado por lesión de confianza de más de 62.000 millones de guaraníes al Indert cuando se desempeñaba como gobernador de Cordillera y era miembro del consejo directivo del ente agrario.
El liberal Carlos Portillo ya fue desaforado en dos ocasiones, uno por difamación y calumnia, y el más reciente, por tráfico de influencias.
SENADO. En cuanto a los senadores, Víctor Bogado (ANR) está imputado por cómplice por cobro indebido de honorarios y por estafa en el caso conocido como la niñera de oro. En la semana se le abrió una nueva investigación, por planillerismo.
El liberal Enzo Cardozo tuvo un proceso por supuestamente causar un perjuicio de más de 68.000 millones de guaraníes al Ministerio de Agricultura y Ganadería durante su gestión como ministro. También fue imputado por un perjuicio de 3.700 millones a la misma secretaría de Estado.
Pérdida de investidura. También hubo casos en que no fueron desaforados, pero perdieron sus bancas por denuncias de corrupción y tráfico de influencias en la Justicia.
Son los ex senadores Óscar González Daher (ANR), a quien sus colegas le quitaron su investidura, y el oviedista Jorge Oviedo Matto, que ante la inminente pérdida de investidura decidió renunciar y en el proceso rogó a sus colegas que no lo sometan al mismo trato dado a González Daher. Todos ellos buscan su reelección.