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Interior
jueves 11 de mayo de 2017, 02:00

Nativos se organizan para resistir en el inmueble en conflicto con Inpasa

El titular del Indi se reunirá hoy con líderes de la comunidad que continúan en Itakyry y no planean retirarse. Cacique desmiente que un niño haya sido herido durante el desmantelamiento de ranchos.

Édgar Medina

ITAKYRY

Un grupo de indígenas de la parcialidad Ava Guarani está resistiendo en el inmueble abandonado por un grupo de 20 familias nativas, el último fin de semana; y ahora pretenden recuperar esas tierras por considerarlas parte de unas 2.638 hectáreas, afectadas por superposición de título de propiedad con la Industria Paraguaya de Alcoholes SA, según el cacique Ricardo Orrego.

Por su parte, Enzo Olmedo, abogado y vicepresidente de la empresa, afirmó que ayer se pusieron a disposición del Indi para reconstruir la escuela o viviendas desmanteladas, "por una cuestión social", porque las tierras son de la empresa, según el dictamen de una comisión interinstitucional.

Al respecto, Aldo Zaldívar, titular del Indi, mencionó que hoy se reunirá con los afectados en Itakyry. "Estableceremos un espacio de diálogo para dar una solución definitiva a este caso, Inpasa como empresa no tiene responsabilidad al respecto (...), pero se comprometieron a ayudar a buscar una solución inmediata".

El gerente de Inpasa, Roberto de Souza, fue dimitido por no haber comunicado que estaba apoyando a los nativos para la mudanza, según Olmedo, quien nuevamente desmintió que guardias armados hayan acompañado el trabajo en el lugar, hecho denunciado por los nativos.

antecedentes. El conflicto por tierras en la localidad de 3 de Julio Ysati, comunidad indígena ubicada a unos 110 kilómetros al norte de Ciudad del Este, en Itakyry, data del 2009; pero se reavivó luego de que un grupo de nativos denunciaran que guardias civiles armados desmantelaron una escuela y unas 15 viviendas de los indígenas, para trasladarlos a otro punto del país.

La denuncia se produjo luego de que unas 20 familias lideradas por el cacique Luciano Villalba resolvieran abandonar el inmueble –unas 120 hectáreas–, afectadas por una superposición de títulos de propiedad, porque el Indi no les resuelve el caso. El líder afirmó que fueron ayudados por los funcionarios de Inpasa para la mudanza.

El abogado Reinaldo Lugo, quien asistió a los nativos denunciantes, dijo que los civiles armados desmantelaron las viviendas precarias, incluyendo la escuela básica 7598 Karai Poty, sin mediar una orden judicial, por lo que pidió la intervención de las autoridades. Tras el incidente, policías y funcionarios del Ministerio Público tomaron la denuncia y el caso se está investigando a nivel penal.

Lugo refirió que fueron el abogado Marcos Torales y el administrador de Inpasa Roberto de Souza quienes encabezaron el atropello a la comunidad; y sostuvo que arrimarán pruebas al Ministerio Público de Minga Porã.

El fiscal del caso, Víctor Adolfo Santander, por su parte, solicitó informes de carácter urgente a Inpasa, Indi, Registros Públicos y el MEC, sobre la situación de las tierras y la escuela afectadas.

"Yo estuve allí. Incluso, había gente de las otras comunidades, hicieron asado, comieron", afirmó el dirigente campesino Ismael Barrios, y agregó "lo que se quemó fueron los techos de paja que quedaron, la madera fue retirada por los propietarios".

Barrios denunció que "la mayoría de los caciques toman una parcela y la manejan en forma particular (...), a ese grupo que está allí ahora les interesa la tierra mecanizada, no son de la comunidad".

Eco. La Comisión de Pueblos Indígenas del Senado se hizo eco de la situación, repudiando los actos a través de un comunicado el martes.

Por su parte la asesoría jurídica del MEC presentó una denuncia oficial sobre la presunta quema y destrozos de la escuela Nº 7698 Karai Poty.

El documento fue dirigido al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, en lo que de comprobarse podría caratularse bajo la figura de "hechos punibles contra la propiedad" y "hechos punibles contra la propiedad de los objetos y otros derechos patrimoniales".

La directora de Asesoría Jurídica del MEC, Edith Centurión, indicó que la denuncia formal se presentó según los reportes brindados por la supervisión de control y apoyo administrativo de esa zona del Alto Paraná.

AMENAZAS. Ricardo Orrego, líder indígena, volvió a insistir ayer que reciben amenazas por parte de los guardias de Inpasa, pero que ellos no van a enfrentarse con los mismos, no obstante, sostiene que resistirán en el sitio hasta recuperar nuevamente las tierras. "Nosotros consideramos que forma parte de un todo, de las 2.638 hectáreas. Estamos más de 100 personas acá y van a venir más gente, de otras comunidades que se están solidarizando con nosotros".

LA MUDANZA. Luciano Villalba, cacique de la comunidad 3 de Julio Ysati, reconocido por el Indi, refirió que resolvieron mudarse a la localidad de Yvyrarovana, Canindeyú, porque el Indi no les da esperanza de tener tranquilidad en el lugar en el que vivían, ya que recibían ataques por parte de Inpasa.

Relató que ya estaban cansados y por eso resolvieron mudarse y llevar la escuela, que consiguieron con mucho sacrificio, para instalarla en el nuevo sitio.

Villalba refirió además que hubo un acuerdo con la firma Inpasa, hecho negado por el abogado Enzo Olmedo.

En el documento refieren que se retiraban en "forma libre y voluntaria del lugar, sin haber percibido suma de dinero, sin coacción, sin chantaje ni opresión alguna". Se trata de una declaración de voluntad certificada por el escribano Julio César Martínez.


No hubo heridos

Respecto al supuesto menor herido de refilón por un disparo de arma de fuego durante el desmantelamiento de ranchos y la escuela, autoridades del Indi desmintieron la información. "La niña sufrió un accidente, porque vinieron a disparar al aire sobre nosotros y una señora corrió con su hija del susto y al caer, vio que la niña tenía una herida y gritó que fue baleada. Por eso dijimos que fue baleada, pero resultó ser un tronquito", refirió el líder indígena Ricardo Orrego.

Este hecho motivó la intervención de funcionarios de Salud Pública y de la Niñez y Adolescencia.


El conflicto de tierras no vamos a resolver de la noche a la mañana (...). No somos de destruir escuelas, somos de construir. Enzo Olmedo, abogado.

La intención de los caciques es quedarse con el terreno para alquilar a sojeros. Se alquila a G. 2.500.000 la hectárea anual. Ismael Barrios, dirigente campesino.