La promulgación de esta normativa está ahora en manos del Poder Ejecutivo, que le dará su visto bueno antes de fin de año, según aseguró recientemente el ministro de Educación, Enrique Riera.
“El Ejecutivo tiene la intención de promulgar la carta orgánica antes de fin de año”, expresó el secretario de Estado en conferencia de prensa.
Tres viceministerios, 14 a 17 direcciones generales en lugar de las alrededor de 30 existentes actualmente y 30 direcciones de nivel en lugar de las 80 actuales son algunos de los cambios fundamentales, pues permitirán que más recursos que se destinan al sector vayan a las aulas en lugar de a las oficinas, como ocurre actualmente.
Solo en jefaturas y direcciones generales se destina más de G. 16.000 millones cada año del presupuesto educativo, mientras que el 50% de las instituciones escolares se caen a pedazos en todo el territorio nacional.
Esto, sin contar las múltiples necesidades denunciadas por docentes y estudiantes como mayor cantidad de kits escolares, más capacitaciones a los educadores y mayor inversión en tecnología.
“Si no tenemos una carta dejamos el organigrama en manos del ministro y puede ocurrir que él caprichosamente defina la estructura de una entidad tan importante; traiga a todos sus amigos y utilice como base de prebendas políticas los cargos y direcciones que él pueda crear”, dijo en una reciente entrevista a Última Hora el titular de la organización Juntos por la Educación, Raúl Gauto.
Esta organización, conformada por empresarios del sector privado que apoyan el trabajo del MEC, es una de las propulsoras de la normativa en conjunto con la cartera.
SUPERPOSICIÓN. Otra de las soluciones que pretende brindar este proyecto es suprimir las oficinas que se superponen (tienen prácticamente la misma función), y las que no tienen sentido.
Ocurre que en el ministerio en los últimos años se crearon direcciones hasta para las audiencias que recibe el ministro de turno, o una dirección de Asuntos Pendientes, y una de Generación de Resoluciones.
Así es que hasta la fecha más del 90% del presupuesto anual de la entidad estatal se destina a salarios y apenas el 1% a la calidad de la educación que reciben más del millón y medio de niños y jóvenes del sistema.
Una vez que desde el Parlamento la propuesta pase al Ejecutivo, se tienen unos días de acuerdo para su promulgación o veto.
