Según el titular del Consejo, Enrique Riera, la institución “tiene las manos atadas” por la Ley Nº 5336/15, que obliga al órgano a incluir en las ternas a los jueces, fiscales y defensores públicos que busquen seguir en el cargo.
Se trata de Isidro González Sánchez, miembro del Tribunal de Apelaciones de Alto Paraná, y Óscar Cantero Zarza, juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Penal y de la Niñez y la Adolescencia.
Desde el Consejo señalaron que González Sánchez fue denunciado por un fiscal como liberador de peces gordos del narcotráfico. En el 2009, el fiscal Manuel Rojas denunció que este camarista y su colega Derlis Rodríguez liberaron a varios procesados en importantes casos de drogas. Además, González tuvo varias causas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de las cuales salió airoso.
El otro magistrado, Óscar Cantero Zarza, posee una demanda por filiación, fue apercibido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y una auditoría de la Corte Suprema señaló que cometió graves irregularidades en un expediente de usucapión.
La semana pasada, el Consejo advirtió sobre los casos de Javier Aurelio Ferreira Garcete, juez de Paz de San Lázaro, quien tiene una denuncia en su contra de la Corte Suprema, y de Cenen Luis Casco Oviedo, miembro del Tribunal Electoral de Guairá y Caazapá, denunciado por prevaricato.
Ambos fueron incluidos en las ternas por sus cargos, a pesar de la postura en contra de los miembros del Consejo. Una acción de inconstitucionalidad fue presentada por el órgano ante la Corte en contra de la citada ley.