A Ferreira le extraña que en vez de dar atribuciones a la Superintendencia de Pensiones para reglar sobre cómo los trabajadores tendrán un mejor acceso a una jubilación digna y cómo hacer cuando un trabajador discrepa con su caja jubilatoria en el monto de sus haberes y plantear una instancia administrativa donde discutir esto, el proyecto está enfocado solo en el uso de los fondos.
El organismo a ser creado regulará el uso de los fondos jubilatorios, que ascienden a más de USD 2.100 millones.
“Así como cuando un trabajador discrepa con su patrón, lo primero que hace es ir al Ministerio de Trabajo, una instancia parecida podría haber sido la Superintendencia de Pensiones. Pero lo único de lo cual habla la ley es de tratar de “regular” cómo el IPS y otras cajas van a usar sus fondos. Hace énfasis en la plata, no en las personas. Ese es un error grave. Como si lo único que le interesa a las personas que hacen este tipo de leyes es la plata del IPS y no el bienestar futuro de sus asegurados”, advirtió.
TRABAJO. Añadió que si la Superintendencia de Pensiones fuera a existir alguna vez tiene que estar en el ámbito del Viceministerio de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y no en el ámbito económico.
Agregó que, de lo contrario, se ve a los fondos jubilatorios como un simple instrumento para propiciar el crecimiento del país, y no como para lo que genuinamente fue creado: para el beneficio de la clase trabajadora dependiente, en el momento que llega a la edad de jubilación.
Al referirse al caso de IPS, dijo que tiene un Consejo de Administración con representación de todos los estamentos involucrados y se preguntó para qué se necesita una instancia superior a este Consejo que le diga dónde sí y dónde no depositar los fondos jubilatorios. “Acá lo que va a ocurrir es que le van a arrinconar al IPS. Le van a decir: No, usted no puede darle préstamos a sus asegurados; “no conviene darle préstamos a sus jubilados”; “no conviene poner la plata en financiera”, “sí conviene comprar bonos del Estado”, aseveró.
Recordó que en 2012 mantuvo reuniones con los consultores que asesoraron en esta normativa, que fueron contratados por el Ministerio de Hacienda. Indicó que no vinieron a resolver el problema de los jubilados o los trabajadores, sino de financiamiento del Estado.
