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domingo 21 de agosto de 2016, 01:00

La salud de la población debe ser prioridad del Gobierno

El Plan Nacional de Desarrollo 2030 que rige la gestión del Gobierno actual tiene dos objetivos explícitos en materia de seguridad social: universalizar su cobertura y regular y ampliar el acceso al seguro social del trabajador sin discriminaciones. El Plan Nacional de Salud 2015-2030 tiene como pilar fundamental el acceso y cobertura universal de la salud. Sin embargo, las medidas planteadas por las autoridades de la principal institución de seguridad social del país van a contramano, además de plantear la solución más fácil antes que impulsar mejoras en la eficiencia. Es inconcebible que el Gobierno no sea capaz de mantener los escasos resultados logrados en los últimos años en materia de seguridad social y salud.

Uno de los problemas que más siente la población, además de la inseguridad, es el de salud.

Constantemente escuchando quejas y demandas ciudadanas sobre los servicios de salud en el país. A pesar de ello, en lugar de avanzar y proponer respuestas que mejoren la situación, las supuestas soluciones pasan por restar antes que sumar.

Las autoridades de IPS no pueden negar que la institución tiene problemas de gestión similares a los de cualquier oficina pública. El ausentismo y la mala organización de los recursos humanos, el peso excesivo de los cargos administrativos producto del prebendarismo político, los sobrecostos en la adquisición de insumos y de obras, y la corrupción en el manejo de los fondos deben ser resueltos para aumentar la eficiencia.

Adicionalmente, la alta evasión impide la sostenibilidad financiera. Desde el mismo IPS se han hecho declaraciones acerca de una evasión cercana al 50%, cifra confirmada por los datos de las encuestas de hogares que revela que apenas la mitad de la población asalariada se encuentra afiliada a la institución. Antes de plantear reducir la cobertura en los trabajadores o de los servicios, las autoridades deberían resolver los problemas para los que fueron puestos.

Las autoridades del IPS tampoco deben esquivar su responsabilidad en el funcionamiento del sistema de salud a nivel nacional. Si bien el Ministerio de Salud Pública es la institución responsable, la seguridad social constituye un pilar fundamental de este sistema.

Paraguay es uno de los países de mayor gasto de bolsillo y peores resultados sanitarios en América Latina derivado de la baja inversión en salud pública y el pésimo funcionamiento de las instituciones estatales.

Un sistema de salud que garantiza servicios de calidad para todos debe ser una prioridad para el Gobierno. El derecho a la salud está garantizado constitucionalmente; sin embargo, en la práctica, en Paraguay prevalecen causas de mortalidad prevenibles y a bajo costo. Por otro lado, sin buenas condiciones de salud no se puede pensar en desarrollo, ni siquiera en crecimiento económico. Una trayectoria laboral larga y productiva exige inversión en capital humano, que no solo es educación.

Los problemas por los que está pasando el IPS deben ser aprovechados por el Gobierno para plantear una solución estructural y de largo plazo y conformar de una vez por todas el sistema nacional de salud que ya cuenta con una ley, pero que nunca fue cumplida a cabalidad.

Tal como señalan el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Salud de este mismo Gobierno, la solución planteada por las autoridades de IPS transgrede sus propios lineamientos, además de los derechos que constitucionalmente están garantizados.