Descartó además que el Ejecutivo esté preocupado por las críticas que han caído sobre la iniciativa desde diversos sectores universitarios, incluidos rectores y federaciones de estudiantes, sin contar las que se han formulado desde el ámbito político.
Bachelet confirmó la noche de este domingo el envío hoy del proyecto al Congreso, en un mensaje en el que subrayó que el actual sistema “tiene limitaciones y genera profundas discriminaciones”.
Tras asegurar que el Gobierno ha escuchado a todos los involucrados, Bachelet admitió que “es imposible dejar a todos contentos, dada la diversidad de miradas que hay al respecto”.
Con esta iniciativa se cierra “el gran proyecto de reforma a la educación que impulsamos en 2014 y que va desde las salas cuna hasta las universidades”, puntualizó Bachelet, que anunció la creación de de diversas instituciones y la acreditación obligatoria de las universidades para asegurar su gratuidad y calidad.
Desde 2014, Bachelet ha logrado la aprobación de leyes de gratuidad, fin del lucro y de la selección en la enseñanza media, la obligatoriedad de la enseñanza preescolar y la gratuidad universitaria, estando pendiente la desmunicipalización de la enseñanza básica y media y el retorno de su administración al Ministerio de Educación.
Díaz remarcó hoy que ante las críticas “nosotros no nos sentimos frustrados, por el contrario estamos convencidos de que esta ley será uno de los grandes legados del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet”.
Aseguró que el proyecto “está hecho pensando en las familias de nuestro país y especialmente en los chilenos y chilenas que han debido soportar durante mucho tiempo una pesada carga financiera para hacerse cargo de la educación de sus hijos, y hoy toca que lo haga el Estado”.
“Hemos escuchado muchas voces, algunas favorables, otras críticas, eso es parte de la discusión democrática, vamos a estar abiertos a seguir dialogando, pero el norte que ha fijado la presidenta es muy claro”, sostuvo.
“Bajo la conducción de esta presidenta, Chile transformará su sistema educativo desde uno donde han primado el mercado y el lucro, a uno donde prima la educación como un derecho social”, manifestó.
En tanto, la ministra de Educación, Adriana Delpiano subrayó que en el proyecto, la gratuidad universal de la educación superior está garantizada, pero matizó que “en cuánto tiempo llegaremos va a depender de cuántos ingresos lleguen al sistema fiscal”.
Todas las reformas “suponen una cantidad de recursos muy grandes y por tanto esta última depende de los ingresos que entran al país, no sólo por la reforma tributaria, sino que también por el valor del cobre, por la recaudación del sistema fiscal, todo eso es clave para seguir aumentando la gratuidad”, explicó.
Aseguró, en todo caso, que durante el actual Gobierno se va a extender la gratuidad, cuya aplicación comenzó en 2015, “hasta el sexto decil (socioeconómico)”.
Respecto del lucro, Delpiano confirmó que en el caso de las universidades puede llegar a ser sancionado incluso con penas de cárcel.
En el marco de las reacciones al proyecto, un grupo de estudiantes se manifestaron hoy ante la entrada de la sede del Congreso en Santiago en contra de la iniciativa, que a su juicio mantiene el criterio de mercado y del lucro en la enseñanza universitaria.
Fuentes de la Cámara de Diputados indicaron en tanto que el proyecto comenzará a ser analizado este martes en la Comisión de Educación.
