Roberto Irrazábal
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Conocido como el “señor elecciones” en Argentina por estar más de 14 años (del 2001 al 2015) al frente de la Dirección Nacional Electoral (DINE ), Alejandro Tullio hoy es asesor del Correo Argentino, ente que también cumple un rol importante en los comicios, ya que distribuye las urnas y las boletas, que luego retira junto con las actas de votación, así como también contrata a la empresa Indra, que realiza los escrutinios. Tullio visitó Paraguay en estos días, y dialogó con ÚH sobre un tema actual de tendencia mundial: el control al financiamiento político.
–¿Cuál es su visión respecto al control al Financiamiento Político?
–En primer lugar quiero decir que Paraguay es una circunstancia positivamente extraordinaria dentro de la región por la fortaleza de sus partidos políticos. Ahora bien, el tema vinculado al financiamiento, a su control, a su transparencia, es una condición necesaria para que siga habiendo fortaleza en los partidos políticos. Los ciudadanos se van empoderando cada vez más. Los grupos de opinión, medios de comunicación, la gente, van queriendo saber y tienen derecho a conocer cómo es que se financian los grupos cuyo destino es nada más y nada menos que asumir el poder por medios lícitos. Por lo tanto, el financiamiento es parte fundamental de las campañas electorales, de la forma de vida de los partidos y de los políticos. Esto significa que el control al financiamiento llegó y se queda para siempre, independientemente a lo que diga la ley o lo que tarde en consagrarse.
–¿Cuál es el panorama en la región en torno al tema?
–En toda la región ha habido avances en cuanto a leyes que obligan a los partidos a tener una contabilidad que permita conocer el origen y destino de los recursos que se dedican a la actividad política, y esas dos palabras, origen y destino, son fundamentales. Destino es para que no se desvirtúe la actividad de los partidos políticos y que el dinero que circula por ellos solo se dedique a la finalidad con la que las constituciones y el propio sistema liberal permiten: la conquista del poder por medios lícitos. Origen es para que no provenga ese dinero de fuentes ilícitas, el delito o actividades delictivas, pero también para que haya equidad en la competencia electoral, ya que si no se controla cómo se paga eso no habría equidad. La igualdad es una actividad ilusoria, no existe en sí misma, pero la equidad sí, es cierta proporcionalidad entre los medios y los fines. Los medios, que son financieros, no pueden ser más oscuros que los fines, que son nada menos que la conquista del poder y que debe ser transparente.
–¿Cuáles son los sistemas que mejor han funcionado respecto a evitar dinero sucio en la política?
–Hay que ser realista y por lo tanto señalar que existen tres sistemas nada más de financiamiento a la política, los totalmente privados, los totalmente públicos y los mixtos. Los mixtos son los que funcionan mejor, porque permiten que haya una garantía mínima de desempeño por parte de los partidos gracias al aporte del Estado para las campañas y funcionamiento partidario, y además permite que los grupos de interés puedan hacer apoyos financieros, que para ser lícitos deben ser públicos y limitados, no pueden salir de un tope que fije la ley respecto de cuánto individualmente cada privado puede poner, o cada asociación, y cuánto es el conjunto total de recaudación que puede tener un partido político.
–¿Y qué piensa sobre eso, sobre los topes de aporte, considerando que aquí se pretenden aumentar los topes de aportes privados a una suma muy alta?
–Si va acompañado por transparencia, o sea, si se aumenta el tope pero hay obligación de publicar el origen y destino de los fondos, es más difícil que un candidato caiga cautivo por parte de un grupo de interés que lo financie. En el tema de financiamiento, la transparencia es, si no la solución, por lo menos una vacuna. En tanto el conjunto de ciudadanos sepa que detrás de ciertos candidatos hay tales intereses, entonces eso ya deja de espurio y comienza a ser explícito, y forma parte de lo que se llama en teoría de la democracia “consentimiento informado”, uno vota a un candidato sabiendo quién lo financia, y es parte del conjunto de los derechos que tienen los ciudadanos respecto de los partidos políticos y los candidatos.
–¿Cuál es la posibilidad de que el dinero ilícito ingrese en estos casos?
–Cuando no hay transparencia puede haber origen de dinero ilícito, por sobrepasar los topes, porque el origen es delictivo o porque la finalidad es a cambio de una futura ventaja. Todas estas situaciones se resuelven con la publicidad, porque no se puede hacer público un aporte que vaya más allá de los topes, y si se hace público todo el gasto, se sabe si se excedió. Si se hace público la lista de aportantes, individuales y colectivos, también es cierto que disminuye la posibilidad de influencia de esas mismas empresas, porque el día de mañana, los mecanismos de control van a tener cuidado con las peticiones de las empresas que fueron aportantes de la campaña. En tercer lugar, acompañado de esto vienen ciertas prohibiciones, las mínimas posibles, por ejemplo que no puedan aportar concesionarios de obras públicas, de juegos de azar, o contratos públicos importantes como la defensa nacional. Entonces, publicidad, topes y prohibiciones, en ese orden, y con esa magnitud, son los tres antídotos contra la opacidad electoral.
–¿Cómo ve el rol de los entes que deben controlar?
–Soy partidario de que distintas agencias del Estado tengan el deber de informar a una agencia del Estado, que tenga la tarea de evaluar y a su vez perseguir, pero no que todas tengan el deber de perseguir. La agencia tributaria, la destinada a combatir el lavado de activos, la que lucha contra el narcotráfico, diferentes agencias, tienen el deber de informar transacciones vinculadas a las cuestiones o campañas políticas a un punto focal que sea el que tenga que concentrar esa información, evaluar y eventualmente hacer la denuncia ante la Justicia Electoral, Tributaria o Penal, lo que corresponda, pero no puede haber superposición de competencias de investigación, sí de información. Todo el Estado debe ser agente de información, pero eso debe ir a una sola agencia que califique los hechos y luego pase a las órbitas de la Justicia que correspondan, de acuerdo a lo que la Constitución mande para eventualmente sancionar a los partidos y a las personas.
–¿En Argentina cómo están con este tema?
–Desde el 2002 hay una ley específica que se ha ido cambiando. Se cambió en el 2006 y el 2009. Hay muchos sistemas de control, de información, muchas pequeñas sanciones a los partidos políticos, miles. Tal vez hemos ido demasiado hacia las formalidades, pero las sanciones no son lo suficientemente fuertes como para prevenir las conductas hacia adelante, o sea, en algunos casos parecería que es más barato incumplir y pagar la multa que cumplir la ley. Tenemos un sistema con muchas prohibiciones, buenos sistemas de información, relativamente buenos sistemas de control, muy lentos en el tiempo porque no tenemos un Código de Procedimientos Especial, entonces cuando se aplican las multas suelen ser no solo inoportunas sino poco significativas, que tenemos que revisar. Tenemos un conjunto de límites, de prohibiciones y deberes de información que son una base.