Merlo indicó que los casos están siendo investigados por los fiscales Santiago González Bibolini, Liliana Zayas y Marta Sandoval. Mencionó que los casos ocurrieron hace más de 20 años; sin embargo, resaltó que los hechos de tortura son crímenes de lesa humanidad, por lo que no prescriben.
El representante fiscal señaló que entre los casos más resaltantes se encuentran la imputación contra diez supuestos torturadores. Según los antecedentes, los hechos fueron cometidos entre 1976 y 1978 en el entonces Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital, lugar donde los hombres cumplían funciones.
Se trata de Nicolás Lucilo Benítez Santacruz (79), Camilo Almada Morel (75), Juan Aniceto Martínez (65), Eusebio Torres Romero (81), Agustín Belotto Vouga (84), Manuel Crescencio Alcaraz (74), Obdulio Argüello Brítez (77), Mario Flores Cáceres (64), Felipe Nery Saldívar (87), Fortunato Lorenzo Laspina (72).
Otra causa emblemática involucra al controvertido ex comisario Eusebio Torres, sobre quien pesa múltiples denuncias de torturas a opositores al régimen dictatorial.
El uniformado, de manera insólita, había sido condecorado por el ex ministro del Interior Francisco de Vargas, hecho que causó polémica e indignación, especialmente, en las víctimas.
caso curuguaty. También los agentes fiscales se encuentran investigando los supuestos maltratos, amenazas, insultos y hasta apretones de testículos que aparentemente sufrieron campesinos al ser detenidos luego de la masacre en Curuguaty, registrado el 15 de junio de 2012, donde murieron 17 personas. La denuncia presentó la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Tal es el caso de Adalberto Castro, quien recibió graves apremios físicos. Incluso, un técnico del Ministerio de Agricultura, identificado como Miguel Ángel Correa, había sido detenido en el Hospital de Curuguaty y relatado que los policías que lo aprehendieron le dijeron que le iban a cortar los testículos.
En tanto, familiares de 11 labriegos muertos en el enfrentamiento en Marina Cué reclamaron el hecho de que no se hayan investigado sus casos.Esto, teniendo en cuenta que los campesinos fueron condenados a entre 6 y 18 años de cárcel, sin embargo, nunca se investigó la muerte de los labriegos, como tampoco las torturas que supuestamente sufrieron.
Según Codehupy, el proceso de supuestas torturas cometidas en la comisaría de Curuguaty y en las patrulleras contra los campesinos policiales “quedó dormido”.
Caso récord
El caso que lleva 17 años en la Justicia sin poder avanzar por las reiteradas suspensiones de las audiencias es el del ex ministro del Interior Walter Bower.
Este fue procesado por supuesta tortura, lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y coacción, en perjuicio de varios policías.
El hecho había sido denunciado por el comisario Alfredo Cáceres y el oficial Jorge López, quienes fueron detenidos supuestamente por sublevación en aquel entonces al presidente de la República Luis Ángel González Macchi, tras un intento fallido de golpe del 18 mayo del 2000. Además de Bower, también fueron imputados los ex policías Merardo Palacios, Juan Basilio Pavón y Osvaldo Vera.
Durante la investigación fiscal, un testigo clave falleció en extrañas circunstancias. Se trata de Ricardo Báez Duarte, quien declaró que lo golpearon durante su detención, que se registró en el Cuartel Central de la Policía.