Samuel Acosta
@acostasamu
Hace exactamente un mes que las actividades en el Congreso Nacional quedaron prácticamente paralizadas por la tensión política que generó el debate del proyecto de ley de enmienda de la Constitución Nacional para introducir la figura de la reelección.
Con la decisión de la Cámara de Diputados la semana pasada, de mandar al archivo el polémico plan, se hace urgente que en ambas cámaras del Legislativo se empiece a revisar proyectos de carácter económico, algunos, por la urgencia de una sanción automática de no tratarse.
Este es el caso, por ejemplo, de la ley que regula las operaciones de libranza, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que de no tratarse en el Senado, podría tener sanción ficta a mediados de mayo.
Esta normativa plantea regular el sistema de descuento automático o libranza del salario cuando una persona adquiere a cuotas un producto o servicio, pero el gran dilema es que no le da la oportunidad al cliente de cambiar la forma de pago haciendo irrevocable esta parte del contrato, lo que para la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) es inconstitucional.
También tiene carácter de urgencia la aprobación del proyecto que elimina las acciones al portador, que haría que las empresas bajo la denominación de sociedades anónimas desaparezcan para ser sociedades nominativas.
Si el Paraguay no introduce esta ley, se corre el riesgo de ser sancionado, volviendo a la lista gris de países no cooperantes con la transparencia y que varias corresponsalías bancarias, incluso, deban retirarse del país, advirtieron desde la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad).
El próximo año Paraguay será inspeccionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y esta es una mancha que urge limpiar, aseveraba el ministro de Seprelad, Óscar Boidanich.
Nuestro país también tiene contra reloj la necesidad de que el Parlamento defina si aceptará el aumento del aporte al Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), pues los países miembros –Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay– deben ajustar en conjunto el monto del capital suscrito.
La ley que pretende crear la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones sin duda es prioritaria, más aún teniendo en cuenta que las cajas previsionales actualmente no tienen un ente rector único que fiscalice el manejo de las inversiones de los aportantes.
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, también ha urgido dar celeridad al proyecto de ley que autoriza el Régimen Tributario para mejorar el cumplimiento voluntario y prevenir el fraude fiscal.
Esta normativa le daría a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) mayor fuerza para reprimir la evasión y sancionar el contrabando.
Según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), en Paraguay la evasión del impuesto al valor agregado (IVA) es del 50%, mientras que la defraudación al impuesto a la renta personal (IRP) ronda el 30%.
En gran medida, según las autoridades tributarias, es porque por falta de sanciones más severas que desalientan estas prácticas ilegales.
También debe definirse la ley sobre contrataciones públicas, juegos de azar y espera ver qué decisión tomará el Ejecutivo sobre los cambios en la carta orgánica del Banco Nacional de Fomento.
