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Economía
lunes 31 de julio de 2017, 01:00

Inversión en educación

Ya se ha vuelto un verdadero clásico escuchar un discurso que plantee algo así: “Tenemos tres prioridades para la solución de todos los problemas, educación, educación y educación”.

De hecho, en tiempos electorales esta palabra mágica será ampliamente utilizada para explicar gran parte de los problemas que padecemos por su déficit y, al mismo tiempo, aparecerá muchas veces más en las promesas de los candidatos.

En realidad, es positivo que esto ocurra, pues claramente se trata del eje central de cualquier proceso de desarrollo. Pero no deja de ser cierto que, al volverse una suerte de muletilla en los discursos y planteamientos, se corre el riesgo de vaciarlo de contenido, cuando precisamente necesitamos entender bien cómo y por dónde atacar el problema.

Un planteamiento que se escucha repetidamente es que nuestro país invierte muy poco en educación. Lo hace en alrededor del 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando el promedio regional está por encima y las recomendaciones de todos los organismos internacionales es que debería estar en el orden del 7% del PIB como referencia mínima.

Esto es totalmente cierto desde una perspectiva analítica y fría de los números, pero en las condiciones actuales de nuestra institucionalidad en educación, un crecimiento exponencial de la inversión no se traducirá necesariamente en mejores resultados de aprendizaje.

Nunca debemos olvidar que el verdadero sentido y fin de cualquier sistema educativo es el aprendizaje de los estudiantes.

Por eso, como sociedad hemos creado el sistema de educación formal, y todo lo que construimos e invertimos debe estar en función a crear condiciones favorables para que ocurra el aprendizaje.

En nuestro país, desde la caída de la dictadura hemos hecho esfuerzos significativos para crecer en “cantidad” dentro de nuestro sistema educativo, pero no hemos construido sistemas y estructuras que permitan la calidad. Es decir, el aprendizaje significativo.

En otras palabras, vamos aumentando la cantidad de niños y jóvenes que asisten a las escuelas –algo por supuesto tremendamente positivo–, pero no estamos logrando que los mismos aprendan lo que deben aprender.

Podemos hablar de una nueva forma de analfabetismo funcional, modelo siglo XXI: mucha gente en las escuelas, pero aprendiendo muy poco.

Por supuesto que modificar radicalmente esta situación implicará contar con más recursos financieros, pero si los mismos son volcados en las estructuras que existen actualmente, solo podremos esperar incrementos significativos en los gastos corrientes sin una contrapartida en resultados de aprendizaje.

Hoy, el presupuesto del Ministerio de Educación está en alrededor de los 900 millones de dólares y el 80% de ese monto va para el pago de salarios de docentes y personal administrativo.

Esta estructura es casi normal en un sistema que se fundamenta en gran medida en la necesidad de contar con los servicios profesionales de decenas de miles de maestros.

Sin embargo, la manera en que se han formado los docentes en las últimas décadas, luego cómo se han incorporado al sistema y, finalmente, las reglas de juego e incentivos establecidos en el actual estatuto docente para los mismos no permiten pensar en un sistema meritocrático y de excelencia.

Por ello, simplemente alimentar este mismo sistema con más recursos no nos llevará a resultados muy diferentes.

La respuesta no está en dejar de invertir en educación. Eso debe seguir aumentando sostenidamente, pero al mismo tiempo debemos plantear ciertas reformas estructurales en la institucionalidad educativa y particularmente en el tema docente.

En esencia, esto último implica una enorme y fenomenal resistencia. Y solo podrá ser impulsado en serio desde un liderazgo político decidido que debe necesariamente tener como punta de lanza al próximo presidente de la República.