Es obvio que las últimas movidas que negoció Horacio Cartes en el Congreso tienen como único fin asegurar que los representantes de ambas cámaras ante el Consejo de la Magistratura le respondan a él. En los próximos meses, el Consejo de la Magistratura debe seleccionar la terna de la que el presidente elegirá, con la anuencia del Senado, al nuevo fiscal general.
El oficialismo colorado hizo lo que hizo (despachó a Hugo Veláquez en Diputados y encumbró a Fernando Lugo en el Senado) para que Cartes pueda tener la tranquilidad de que quien quede al frente del Ministerio Público en los próximos cinco años sea tan obsecuente con él como lo es quien hoy ocupa el cargo.
Cartes quiere tener controlada a la Fiscalía para que ningún agente moleste a los chanchos de su chiquero ni se pongan a hurgar en su propia porqueriza. La disidencia está furiosa porque pretende lo mismo y no puede hacerlo, y a buena parte de la oposición le ocurre igual.
No nos dejemos engañar por el discurso. Todos hablan de un Poder Judicial independiente, pero la verdad es que a ninguno le interesa un sistema legal que pueda complicarle la vida al poder, ya sea político o económico, como está pasando en el Brasil, donde megaempresarios y políticos de toda la vida están dando con sus corruptos huesos en prisión.
Hoy es Cartes el que está pegando los manotazos, mañana serán los otros. Esta historia solo puede acabar con un golpe de timón a nivel constitucional.
Gane quien gane las elecciones, tenemos que reformar nuestra carta constitutiva y cortar la dependencia del sistema judicial de la clase política. Esa es la batalla más importante, las demás las iremos ganando casi por extensión.
La constituyente del 2019 deberá barrer con la Corte actual y con quien sea designado fiscal general, e iniciar un proceso urgente de depuración de todo el cuerpo judicial paraguayo.
Hay diferentes fórmulas de cómo seleccionar a los nuevos ministros cuya designación inicial tendrá inevitablemente un componente político (los puede proponer el presidente y aceptar o rechazar el Senado, como ocurre en los EEUU), pero lo fundamental es que a partir de allí sean inamovibles de sus cargos, por un periodo improrrogable de diez o quince años.
Los demás jueces y fiscales deberían ser designados por la misma Corte y gozar de igual inamovilidad. Lo fundamental es que nunca más un magistrado o un fiscal deba ser juzgado o confirmado por un político.
Todo el cachivacherío que soportamos en los últimos días (con nuevas violaciones constitucionales de por medio) respondía a ese único fin; controlar a la Justicia. Independizarla debe ser pues nuestra obsesión en el próximo periodo. Si lo logramos, no importará cuánta plata tenga el presidente, ni a quién apoyen los medios, ni quién junte más gente en una plaza; solo la letra de la ley, su correcta interpretación y su aplicación igualitaria; eso es un estado de derecho; y ese es el golpe constitucional que debemos dar en el 2019.
