En el Ministerio de Hacienda navega en el mar del olvido el proyecto de ley que busca prohibir que las empresas de los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo puedan ser proveedores del Estado.
La propuesta fue ideada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y fue entregada oficialmente a Hacienda el 25 de marzo del 2015, ya que esta secretaría de Estado es el nexo entre el ente regulador de las compras estatales y la Presidencia de la República.
Hacienda debía emitir un dictamen jurídico sobre la modificación de un solo artículo de la Ley 2051 (De Contrataciones), el 40. Según la DNCP, esta propuesta era fundamental para evitar posibles conflictos de intereses y no quebrantar la igualdad de condiciones de participación.
Luego del parecer legal de Hacienda, solo quedaba remitir el proyecto al presidente Cartes para su elevación al Congreso.
Pero, desde la presentación de este planteamiento han pasado 20 meses y según el expediente 20.985, el proyecto de ley actualmente está en trámite en la Abogacía del Tesoro.
Pelota tata. De acuerdo con los registros oficiales, esta propuesta de restricción a ministros ya recorrió varias dependencias de Hacienda, sin éxito.
Pasó de Secretaría General a la Abogacía del Tesoro, luego a la Subsecretaría de Economía y a la Subsecretaría de Administración Financiera, hasta llegar a la Dirección General de Presupuesto en mayo del 2015, donde el expediente estuvo cajoneado por 18 meses.
Recién el 16 de noviembre de este año la Dirección de Presupuesto vuelve a elevar el documento a la Subsecretaría de Administración Financiera y finalmente llega nuevamente a la Abogacía del Tesoro un día después.
El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, confirmó que el expediente llegó a esa dependencia recién dos semanas atrás. Aseguró que se están revisando los informes previos para emitir el dictamen final.
“Vamos a hacer una revisión de índole jurídica, si no colisiona con normas constitucionales o normas legales y luego saldrá el dictamen”, expresó.
ÚH intentó conocer la versión del director de Presupuesto, Óscar Lovera, pero el alto funcionario se excusó alegando reuniones.
Restricciones. El proyecto de ley busca modificar el polémico artículo 40 de la Ley de Contrataciones, que habla de las restricciones para contratar con el Estado. La DNCP había afirmado días atrás que las empresas de ministros y familiares no tienen impedimento para ser proveedores, ya que la Ley 1626 no considera a los secretarios de Estado como funcionarios públicos.
Esta propuesta especifica que todas las empresas en las que tenga participación administrativa, representativa o de la cual sea accionista un ministro o secretario ejecutivo, no pueden ser contratadas por el Estado. Tampoco las compañías de cónyuges, concubinos o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de quienes ocupen una función en la institución convocante (ver apoyo superior).
