Dos Santos explicó que en muchos casos la investigación deberá corroborar si los profesionales prestaron servicios como médicos y si brindaron cátedras en la facultad. Para esto, el Ministerio Público deberá examinar las planillas de servicio, así como los libros de cada cátedra en donde figure alguno de los denunciados.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público señaló que se tratará de una tarea minuciosa y prolongada. El fiscal coadyuvante en la causa es José Martín Morínigo.
Los investigados cumplen funciones en el Hospital de Clínicas, Kinesiología, Podología e Instrumentación Quirúrgica, así como en la filial en Santa Rosa del Aguaray.
El fiscal Dos Santos ya incautó prácticamente los legajos de todos los investigados, así como diversos documentos de oficinas administrativas de la facultad y realizó copias espejos de los datos del reloj biométrico de asistencia de la institución.
ECONOMÍA. Por su parte, el fiscal Aldo Cantero, también de la Unidad Anticorrupción, investiga a 57 funcionarios y docentes de la Facultad de Economía, además del ex decano Antonio Rodríguez y su ex vicedecano, Vicente Renna.
Cerca de 30 rubros docentes se repartieron en familia, Antonio Rodríguez, sus hijos y su yerno. También tiene varios sobrinos, y otros allegados, según denuncias en su contra. Hasta de jefa de trabajo práctico figura su hija Andrea Rodríguez, según la información que él mismo confirmó a este diario. También nombró a su hijo José Antonio Rodríguez como coordinador docente de Matemática.
El fiscal Cantero está en plena tarea de análisis de los documentos que incautó de la facultad y del cotejo de planillas de asistencia. En este caso, Fiscalía también investiga obras de la facultad que fueron pagadas en su totalidad por la institución pero nunca se hicieron.
Los fiscales anticorrupción trabajan en coordinación con técnicos de la Contraloría General de la República, la Secretaría de la Función Pública, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la Subsecretaría de Estado de Tributación.
Las doce facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) están actualmente bajo investigación del Ministerio Público.
Los fiscales investigan a más de 300 funcionarios de la universidad por el delito de cobro indebido de honorarios. En muchos casos, los agentes fiscales indagan a funcionarios que accedieron a cargos de docentes sin reunir el perfil requerido por la Ley de Educación Superior.