En la causa se encuentran procesados el suboficial segundo Gustavo Florentín por homicidio doloso, el ex jefe de la sección de Robo y Hurtos de la Policía Nacional, Tomás Ramón Paredes, el oficial antidisturbios Guido Armando Amarilla, por el delito de tentativa de homicidio doloso en calidad de autor. Así como también el policía Arnaldo Andrés Báez, por el delito de coacción grave.
La representante del Ministerio Público expresó que con la prórroga va a poder concluir el caso, ya que son varias las diligencias que deben ser aún practicadas en la causa.
Tal es el caso de los informes a las distintas operadoras telefónicas del país, de modo a corroborar el cruce de llamadas entre el entonces comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, –responsable de la actuación de los agentes policiales que atracaron la sede del directorio azul– y personas de gran influencia en el entorno del presidente Horacio Cartes.
Asimismo, las pericias con relación a las conversaciones que hubo vía frecuencia policial entre los altos jefes, así como también los mensajes vía WhatsApp que envió el único imputado por la muerte del joven liberal.
prórroga ordinaria. Cabe resaltar que el fiscal Hernán Galeano ya había solicitado la prórroga ordinaria y el juez Miguel Tadeo Fernández le había otorgado dos meses más de tiempo.
En caso que el Tribunal de Apelaciones le otorgue los ochos meses requeridos por la representante del Ministerio Público, sería la primera vez que se obtengan 14 meses para investigar una causa, para posteriormente fijar fecha para la presentación del requerimiento conclusivo.
Por otra parte, la Fiscalía había pedido el desglose de los procesos, es decir por un lado el asesinato de Quintana y por otro los hechos ocurridos dentro de la sede partidaria. Sin embargo, el juez Humberto Otazú rechazó la división, pese a la confirmación del fiscal general.