La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien recientemente tomó el mando en el Ministerio Público, habría dispuesto el nombramiento de su cuñada Diana Huespe de Quiñónez (esposa de su hermano Domingo Quiñónez Astigarraga) como directora de Protocolo, según fuentes a las que accedió ÚH.
Sin embargo, la directora de Comunicación, Élida Favole, alegó que Huespe ya era nombrada en dicha institución y que solo se la trasladó como asistente personal de la máxima autoridad del Ministerio Público.
Indicó a través de la 970 AM que la funcionaria se encontraba en el Centro de Entrenamiento desde hace un año.
Es la segunda vez que el Ministerio Público se echa atrás con una designación, ya que días pasados el senador Juan Carlos Galaverna había mencionado que su colega Óscar Cachito Salomón votó a favor de Quiñónez a cambio de que nombren como director administrativo del Ministerio Público a Melanio Maximiliano Ferreira.
El hombre se desempeñaba como jefe de Finanzas de Albino Ferrer, intendente de San Lorenzo, y había sido investigado por la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto desfalco de G. 5.000 millones durante la administración de José Checho López.
Pero desde la Fiscalía General sacaron un comunicado negando el hecho e incluso dijeron que desconocían el origen de dichos datos.
Por otro lado, la titular del Ministerio Público nombró como director general de Administración y Finanzas a Julio Paredes, quien se desempeñaba anteriormente como auditor general de la Secretaría Nacional Anticorrupción, estamento que tiene al frente a la ministra Soledad Quiñónez, quien es hermana de la flamante fiscala general.
otro nombramiento. Ayer Quiñónez nombró también a la fiscala Alba Delvalle como directora del Laboratorio Forense.
La agente se desempeñaba como fiscala de la sede 1 y anteriormente estuvo en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Delvalle fue quien imputó al senador liberal Enzo Cardozo por supuestos hechos de corrupción durante su administración al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
La investigación señala un desvío de G. 3.700 millones que debían ser destinados a comités de productores a través de proyectos del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope).
La representante fiscal explicó que lleva 22 años en dicha institución.
Comentó que puso a disposición su currículum debido a que cuenta con un perfil técnico y resultó ser la elegida.