Una masiva cantidad de personas, en su mayoría adheridas al Partido Colorado, presentaron el 13 de enero de este año, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), las “miles” de planillas de firmas a favor de la enmienda constitucional para la reelección presidencial. En las planillas se encontraron después nombres de difuntos, menores de edad, datos incompletos, no registrados, condenados, etcétera.
Pese a que ya se cumplieron nueve meses de que se abrió la causa penal, la misma no puede proseguir, ya que la carpeta fiscal se encuentra trabada en la Corte Suprema, según afirmó el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón.
“La ciudadanía dice que la Fiscalía no está haciendo nada; sin embargo, el Ministerio Público está imposibilitado a realizar cualquier diligencia de investigación porque la carpeta fiscal, la que tendría que tener a mano el fiscal, está en la Corte”, explicó el titular del Ministerio Público.
Mencionó que la ministra Alicia Pucheta solicitó en febrero pasado (hace 8 meses) la carpeta original para resolver la recusación contra el fiscal Fabián Centurión Ortiz, quien había sido designado junto con el fiscal Ángel Ramírez Fleitas para investigar el caso.
“Podemos designar a otro fiscal, pero hoy materialmente es imposible, porque la carpeta de investigación está en la Corte”, reiteró Díaz Verón.
El cuestionado político colorado Roberto Cárdenas, ex intendente municipal de Lambaré, investigado por la Fiscalía como uno de los dirigentes encargados de recepcionar 31 planillas en la seccional 350 de Lambaré, fue el que recusó al fiscal Centurión, alegando que es esposo de Carol Noemí Flores, quien trabaja con el equipo político del senador Óscar Cachito Salomón, del movimiento disidente Colorado Añetete.
El 10 de febrero, la Fiscalía General del Estado resolvió rechazar la recusación contra el fiscal Centurión, por lo que los operadores cartistas impugnaron la resolución del fiscal general ante la Corte.
La máxima instancia judicial deberá resolver la resolución a favor o en contra de lo dispuesto por la Fiscalía General. Sin embargo, ocho meses después los ministros de la Sala Penal, Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco y el presidente Luis María Benítez Riera aún no demuestran interés alguno en resolver la recusación.
Díaz Verón refirió que la motivación política para establecer una imputación de una persona no es el parámetro del Ministerio Público. Tiene que haber elementos de convicción para determinar el delito. Esto, teniendo en cuenta que podría ser investigado el propio presidente de la República, Horacio Cartes, así como también la senadora Lilian Samaniego, el diputado Pedro Alliana, el vicepresidente Juan Afara, entre otros, quienes presentaron las planillas con las firmas en la Justicia Electoral.
“Si el fiscal interviniente entiende que una persona debe ser imputada, independientemente del cargo que ocupa, tendrá que tomar esa decisión, ya que no soy yo el responsable de eso; caso contrario, podría ser denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño. Por otra parte, si el agente realiza una acción que signifique violación de normas administrativas, va a ser sometido a una auditoría interna”, indicó.
La Justicia Electoral informó que se detectaron unas 69.000 firmas con irregularidades entre las 357.685 presentadas por la ANR.