Agentes de la Policía Nacional en servicio activo también aparecen como firmantes en las planillas que presentaron los colorados ante la Justicia Electoral para forzar mediante una consulta popular el tratamiento de la enmienda constitucional para la reelección presidencial.
Los integrantes de las fuerzas de seguridad del país, policías y militares, pese a que la ley les prohíbe participar en actividades políticas partidarias, están sujetos a los vaivenes políticos atendiendo a que sus ascensos y nombramientos dependen del poder de turno.
En un rápido cruzamiento de planillas de los que integran la nómina de funcionarios de la Policía y los que firmaron la campaña pro enmienda para la reelección presidencial, se encontró cerca de treinta nombres de agentes policiales en servicio activo. No se descarta que una vez terminado el relevamiento de datos a los que accedió ÚH, sean al final unos 700 los agentes firmantes.
Como ejemplo (ver facsímil en página arriba), se observa que el agente Blas Coronel Rojas es uno de los tantos policías que firmaron, según se comprueba en la planilla entregada al TSJE.
La ley electoral es clara en cuanto a que los agentes de policía y los militares no deben responder a actividades político-partidarias ni estar afiliados a los partidos políticos. En materia electoral, participan en las elecciones generales, pero no en las cuestiones internas partidarias, como la campaña de recolección de firmas pro enmienda impulsada por la ANR. El artículo 56 de la Ley 834 dice: “En consonancia con lo que dispone la ley respectiva y el inciso d) del artículo anterior se abstendrán de toda actividad partidaria los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación y los de las Fuerzas Policiales, en servicio activo”.
No solo aparecen firmas de los policías entre las irregularidades. Este diario también demostró en la edición de ayer que los colorados buscaron a funcionarios y gente que depende directamente del Estado para hacerles firmar las planillas.
Así, en distritos de Itapúa, Caazapá y Paraguarí firmaron las planillas en su mayoría los beneficiarios del subsidio emblema de la Secretaría de Acción Social (SAS), denominado Tekoporã.
El TSJE confirmó el viernes las irregularidades al revelar que las planillas contienen 1.142 difuntos, 296 menores, 163 presos, 12.931 nombres fraguados, 19.498 personas que no son electores, y otros.