Para la imposición de medidas cautelares, el ex defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, y otros dos ex funcionarios de la institución deben comparecer ante la Justicia.
La magistrada Rosarito Montanía de Basani admitió la imputación presentada por los fiscales Ígor Cáceres y Josefina Aghemo en contra de los mismos.
Los agentes habían imputado por presunta lesión de confianza al ex defensor del Pueblo, a Victorino Andrés González Sarubbi y a Shirley Lucía Cantero Figueredo.
González era encargado del Centro de Documentación y Archivo para la defensa de los derechos humanos, y Cantero Figueredo es ex delegada de la institución.
Tras admitir el pedido fiscal, les citó para la imposición de medidas cautelares para el 24 de agosto próximo, desde las 9.00.
DENUNCIA. En el caso, el actual defensor del Pueblo, Miguel Godoy, había denunciado a su antecesor, porque supuestamente autorizó pagos indebidos de indemnizaciones a presuntas víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner.
El hecho data del 2012. Alega que Páez Monges hizo lugar al pedido de Rubén Antonio Zárate Vera, que supuestamente adulteró documentos para hacer figurar a sus padres, Cipriano Zárate y Aurelia Vera, como víctimas stronistas.
Así fue indemnizado con 1.000 jornales mínimos legales, bajo la Resolución DP N° 366/12, a pesar de la existencia de memorandos y dictámenes que aconsejaban el rechazo. Incluso, advertían sobre documentos adulterados.
El Ministerio de Hacienda pagó G. 63.777.000 a Zárate Vera. Ese mismo monto también cobraron sus hermanos Carmelo Zárate Vera y Braulio Aníbal Zárate Vera.
Según la imputación, el pago irregular continuó con una hermana más, Lyliana Zárate Vera, para quien desembolsaron la suma de G. 57.980.000.
Además, Ramón Almada Dávalos recibió G. 81.280.500 de Hacienda. Este habría presentado documentos falsos.
Sigue la pesquisa a contralor
En el caso, también está investigado el actual contralor general de la República, José Enrique García, quien al tiempo de los hechos era el procurador general de la República.
Según la ley, el procurador era el que debía dictaminar también para los pagos. En el caso, García habría sacado dictámenes favorables para los pagos realizados.
Conforme con los agentes del Ministerio Público, la investigación continúa, con lo que García también está siendo investigado.
Con relación a Páez Monges, tiene otra denuncia por lesión de confianza, estafa y asociación criminal.